La “crisis” en la Gobernación de Santa Cruz persiste y no se vislumbra una solución, luego de que el vicegobernador Mario Aguilera puso en duda la autenticidad de una carta que el encarcelado Fernando Camacho le escribió desde Chonchochoco llamándolo “traidor” y que los adeptos de este último indicaran que solo los nuevos magistrados el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son aptos para responder el recurso de complementación y enmienda que presentaron la anterior semana.

Esta disputa abierta entre los bandos de Aguilera y Camacho ya trascendió lo interno a tener “réplicas” en el Comité Pro Santa Cruz, que cerró filas por su presidente Fernando Larach ante las acusaciones del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic, y a paralizar la coordinación de la Gobernación con los municipios.

Por ejemplo, la Alcaldía de Santa Cruz organizó el domingo, por su cuenta, una limpieza para combatir el dengue porque no tenía con quién coordinar en el Gobierno Departamental.

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, definió como una “crisis política”, esta pelea reavivada desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 1021/2023 estableciendo que Aguilera asuma de forma inmediata el cargo de gobernador.

El documento ordena al presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y al vicegobernador a promover “la suplencia temporal mientras dure el impedimento de Luis Fernando Camacho Vaca, quien cumple medida de detención preventiva en el Centro Penitenciario de Chonchocoro de La Paz; debiendo en consecuencia: a) El Vicegobernador, asumir inmediatamente la suplencia temporal en el cargo de Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz; y, b) El Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, promover y posesionar la suplencia legal mientras dure el impedimento del Gobernador Titular”.

“¿Es una crisis política? Es una crisis política.¿Es un tema de responder y de cumplir la ley? Sí. Tenemos que ser respetuosos de la Constitución Política del Estado y de las leyes y tenemos que ser también respetuosos de los dictámenes que se van dando en algunas instancias del Poder Judicial, lo demás son dimes y diretes políticos que no le hacen nada bien a una institución, ni tampoco es lo que necesita el ciudadano”, dijo Fernández, otrora aliado de Camacho para las elecciones generales de 2020.

El edil cruceño dijo que es “lamentable que se haya llegado a esos límites” de insultos “que la gente repudia y no le gusta”.

“Es una mala imagen que se está dando y esperemos que eso se arregle lo más pronto posible, porque no se puede estar en esta situación”, sugirió.

Sin embargo, la posibilidad de una solución parece aún más distante.

Aguilera, blanco del ataque de los “camachistas” por dar el primer paso para cumplir con la sentencia constitucional y evitar la cárcel, puso en duda la autenticidad de una carta de Camacho que fue divulgada el fin de semana.

“¿Alguno de ustedes cree que Luis Fernando Camacho Vaca firmó esa carta? ¿o las otras cartas que han estado circulando con firmas diferentes? parece que una está firmada con la derecha, la otra con la izquierda y otra con la izquierda profunda”, sugirió.

Sostuvo, además, que la carta, donde Camacho lo llama traidor y lo acusa de reunirse con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, es un “invento de algún escritor de guion”, en referencia a su “entorno inmediato” que está siendo favorecido con la administración de la Gobernación y que responde a Walter Chávez, otrora asesor de Evo Morales, quien también salió en defensa del excívico.

Ante las observaciones de Aguilera, el abogado Martin Camacho se fue de inmediato a la cárcel de Chonchocoro.

Al salir del recinto penitenciario, ubicado en el altiplano paceño, el abogado enseñó la misma misiva que se publicó el domingo, pero con dos nuevas frases y la firma y la huella digital de uno de los dedos de Camacho.

“El que contra ti conspire, delante de ti caerá. Lo dice Dios, no lo digo yo. Seguro ahora dirás que esta no es mi huella, como todo traidor y cobarde!(sic)”, se lee en el mensaje de Camacho, obviando el llamado que hizo en su homilía del domingo el monseñor Estanislao Dowlaszewicz, obispo auxiliar de Santa Cruz de la Sierra, de no usar el nombre de Dios en vano.

“Cuando la política nacional o regional sumergida en las peleas personales por el poder, no por el bien común, ¿qué pasa? la Navidad no ha hecho ningún efecto, el mismo vocabulario ofensivo, las mismas expresiones y hasta meten a Dios para sus propósitos; despreciando y ofendiendo hasta odiar a la otra persona que piensa diferente”, manifestó monseñor Dowlaszewicz.

La reflexión la hizo luego de que el viernes Matkovic vociferara en un mensaje grabado a Camacho: “Luis Fernando, éste es tu equipo; que Dios vomite a los traidores”.

En medio de este contexto, la asambleísta “camachista”, Paola Aguirre, indicó que el recurso de complementación y enmienda que Matkovic presentó el 3 de enero ante el TCP no puede ser respondido por los actuales magistrados porque su mandato feneció el 31 de diciembre de 2023.

“No podemos cumplir una sentencia que no se encuentra ejecutoriada, todo dependerá de la respuesta que deba dar el Tribunal Constitucional, pero, repito, este Tribunal Constitucional cuyos actos son nulos, no puede responder la solicitud que hemos planteado, hemos planteado una complementación y enmienda a la institución, más no a los magistrados, porque los magistrados están cometiendo delitos al usurpar funciones y ejercer actos fuera de periodo constitucional”, alegó.

Según Aguirre, “los nuevos magistrados (deberían responder el recurso)” porque los actuales “son incompetentes”.

Para contar con nuevos magistrados, no sólo del Tribunal Constitucional, sino del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Agroambiental, y los consejeros del Consejo de la Magistratura, se debe realizar, primero, el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional y luego elegirlos mediante sufragio.

El proceso está en punto de inicio luego que el 12 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el proyecto de Ley 144, que fue aprobado en el Senado, para encarar este proceso de preselección.

Según previsiones, las elecciones judiciales, las terceras de la historia del país, podrían realizarse en julio de este año.