La senadora Silvia Salame presentó un proyecto de ley para la realización de las elecciones judiciales que prevé plazos de preselección y elección en 135 días.

Las tareas de la Asamblea Legislativa, desde la emisión de la convocatoria hasta la remisión de candidatos preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), según explicó, tomarán hasta 45 días.

“El trabajo de la Asamblea ha de ser hasta 45 días, desde el día que se saque la convocatoria hasta el día que se remita (la lista de habilitados) al Órgano Electoral. Y el Órgano Electoral nos demostró que (realizar los comicios) en menos de 90 días era imposible, por eso hemos mantenido hasta 90 días”, dijo la legisladora en entrevista con La Razón Radio.

Las elecciones judiciales es la “tarea pendiente” de la Asamblea Legislativa, pues en 2023, pese a que el trabajo para esos comicios comenzó en abril, ese proceso sufrió una serie de escollos que terminaron en una sentencia constitucional que declaró inconstitucional ocho artículos de un proyecto de ley aprobado previo consenso de las tres fuerzas políticas en la Cámara de Senadores.

Aparte, esa misma sentencia, conocida el 12 de diciembre de 2023, declaró la prórroga del mandato de los actuales magistrados y exhortó a la Asamblea Legislativa a trabajar, “lo más pronto posible” en las judiciales.

Elecciones judiciales

El lunes, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, también anunció un proyecto de ley sobre las judiciales, con base en el Proyecto de Ley 144, rechazado en la sentencia del TCP el 12 de diciembre.

Sin embargo, Jáuregui aclaró que dicha propuesta tiene la modificación de los ocho artículos declarados inconstitucionales por el TCP. Adelantó que el documento será enviado a la oficina correspondiente hasta el viernes de esta semana.

Sobre la metodología, Salame dijo que su proyecto de norma tiene “base” en la meritocracia de los postulantes y señaló que es “innegociable” el control a cargo de profesionales con experticia en las diferentes materias.

Para ello, dijo que es necesario llevar el proceso de preselección de candidatos con la veeduría de organismos internacionales y un equipo técnico que ejerza control social en esa actividad.

“Son personas que deben trabajar codo a codo con la Comisión Mixta de Justicia Plural y con la Comisión Mixta de Constitución”, explicó Salame.

Ahora, tanto diputados como senadores de oficialismo y oposición enfrentan el reto de hallar consenso para tomar decisiones sobre las judiciales con al menos dos tercios de la votación en ambas cámaras; así lo dispuso el TCP.