Dentro de la denuncia de supuesta anticipación y prolongación de funciones en la prórroga de mandato, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) plantearon dos excepciones para frenar el proceso penal en su contra, en la vía ordinaria. Consideran que su juzgamiento es competencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), al tratarse de autoridades de los altos tribunales de justicia del país.

La solicitud se conoció en medio del segundo día de medidas de presión de las organizaciones sociales “evistas”, que iniciaron vigilia y protestas en puertas del TCP y anuncian radicalizar las acciones a partir del lunes 15 de enero con la llegada de más de 2.000 cocaleros.

Las excepciones de Incompetencia y de Falta de Acción fueron planteadas por Paul Franco, Karem Gallardo, Brígida Celia Vargas y René Yván Espada.

A través de las mismas, los tribunos solicitan al Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia las Mujeres en Sucre declararse incompetente para juzgarlos por los delitos de presunta usurpación y anticipación de funciones, interpuesta por parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) y en consecuencia demandan declinar competencia a la ALP.

Esta solicitud se resolverá en una audiencia mañana jueves 11 de enero, a las 8:30, ante la jueza Cuarta de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia las Mujeres.

LA DENUNCIA

El pasado 2 de enero una veintena de parlamentarios de CC entregó un memorial en la Fiscalía General en Sucre, exigiendo que el titular, Juan Lanchipa, identifique a los magistrados y consejeros que continúan ejerciendo funciones de “facto” y promueva acciones penales por usurpación de funciones al haberse prorrogado con la Declaración constitucional 0049/2023, más allá de los seis años de mandato que establece la Constitución.

En respuesta, el Fiscal General consideró que los denunciantes deberían acudir a la Asamblea Legislativa, pero a su vez remitió la denuncia a la Fiscalía Departamental de Chuquisaca que admitió la investigación penal en contra de los magistrados por el delito de anticipación o prolongación de funciones.

El anterior viernes, CORREO DEL SUR conoció que la Comisión de Fiscales que investiga esta denuncia, envió requerimientos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y TCP pidiendo certificaciones de quiénes están ejerciendo funciones como magistrados y consejeros en el Órgano Judicial y el Constitucional.

Este martes, uno de los denunciantes, el diputado Carlos Alarcón (CC) reveló que los magistrados presentaron dos excepciones ante la Jueza de Garantías Constitucionales pretendiendo cerrar el caso en la vía ordinaria y remitirla a la Asamblea Legislativa.

“Demostraremos en esta audiencia que el prorrogazo es uno de los mayores atentados contra la Constitución y la democracia, y que si no se lo frena o desbarata, Bolivia entrará en el camino irreversible de la dictadura judicial gubernativa de Luis Arce”, manifestó el parlamentario.

OTRO PROCESO

La alianza Creemos alista un proceso penal contra los magistrados autoprorrogados del TCP ante cualquier acción que realicen en adelante, ya que estos cumplieron su mandato el pasado 31 de diciembre, manifestó el senador Henry Montero.

Csutcb “evista” da plazo de 72 horas

Las organizaciones afines al MAS de Evo Morales dieron un plazo de 72 horas a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP para que dejen los cargos que ejercen con la prórroga. Advierten que el cerco se ampliará a todas las instituciones judiciales.

Los movilizados se instalaron con carpas, colchones y hasta  cocina para la olla común y permanecen en puertas del TCP.

El secretario ejecutivo de la Csutcb “evista”, Ponciano Santos, anunció que, a partir de este martes, están convocados todos los sectores del país a movilizarse a Sucre hasta que los magistrados abandonen los tribunales por cumplimiento de mandato.

“Estamos en vigilia y toma del TCP, TSJ, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental y a partir de hoy (martes) estamos convocando a todas las organizaciones del Pacto de Unidad para exigir a estos magistrados prorrogados que tienen que irse a su casa hasta este viernes”, manifestó.

NO PAGAR SALARIOS

Los movilizados se dirigieron al Consejo de la Magistratura y a las instancias administrativas del Órgano Judicial y del TCP, para presentar notas y evitar que se paguen salarios a los altos magistrados, informó el secretario general de la Csutcb, Humberto Claros.

“Les estamos advirtiendo que no les paguen sus salarios, de lo contrario van a incurrir en graves delitos de daño económico al Estado”, informó.

Mientras tanto, la Policía acordonó con más efectivos el edificio del TCP para proteger la infraestructura y a los funcionarios que cumplen funciones y deben ingresar más temprano y esquivar a los movilizados.

VIGILIA INDEFINIDA

Santos advirtió que la vigilia será indefinida y que en los próximos días “van a llegar nuestros hermanos cocaleros y vamos a estar hasta que se vayan los magistrados y haya elecciones judiciales”. Responsabilizó al Gobierno si hay represión en contra de los movilizados.

“Si nos tocan a los sectores sociales que estamos acá movilizados, solamente va a ser responsable el ministro Lima, de Gobierno, Lucho Arce y David Choquehuanca”, enfatizó Santos.

Recalcó que la convocatoria a las elecciones judiciales “está en manos de Choquehuanca”, en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional.