La Coordinadora de la Seis Federaciones de Coca del Trópico cochabambino anunció que se sumará con aproximadamente 2.000 cocaleros, a la presión iniciada este lunes por casi un centenar de personas afines a Evo Morales que tienen prácticamente tomado el edificio del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La vigilia y manifestaciones de protesta ejercidas ayer obligaron a cerrar sus puertas exigiendo la renuncia de los magistrados que decidieron prorrogarse.

Las autoridades judiciales mantienen silencio y fuentes extraoficiales señalan que quienes están en sus oficinas se dedican a ordenar causas pendientes de resolución. 

Ante esta situación de conflicto, la Jefatura de Recursos Humanos del TCP emitió un comunicado haciendo conocer que este lunes se trabajará en horario continuo de 8:00 a 16:00, sin embargo, las puertas de ingreso permanecieron cerradas toda la jornada.

El primer grupo de organizaciones leales al líder del Movimiento Al Socialismo, Evo Morales, llegó alrededor de las 8:30 e instaló una vigilia en puertas del TCP, que se encontraban protegidas con bardas metálicas y efectivos policiales. Aproximadamente a las 9:15, los activistas intentaron retirar las bardas y fue ahí cuando se produjo un amague de enfrentamiento entre policías y manifestantes, incluso con el uso de gas pimienta.

“Exmagistrados váyanse a su casa. Cárcel para los magistrados corruptos”, gritaron los manifestantes con pancartas en manos y megáfonos.

“Somos de las federaciones únicas de las cuatro regiones del departamento de Potosí y va a llegar más gente, vamos a hacer respetar la Constitución para que se vayan estos magistrados y haya nuevas elecciones judiciales”, sostuvo el dirigente potosino Wilber Mamani.

Entre los manifestantes había personas de organizaciones sociales de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.

El exmagistrado del TCP, Orlando Ceballos, que se identificó como abogado defensor de Morales anunció la llegada de más sectores a la capital, a partir de este martes para seguir con las movilizaciones.

“Esto es sostenido, los sectores movilizados han solicitado a otras organizaciones sociales como la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) que se disponga una marcha nacional hacia la ciudad de Sucre. Estos magistrados prorrogados inconstitucionalmente dejen sus cargos, y no vamos a parar hasta que los magistrados estén en la calle”, sostuvo Ceballos.

En sintonía con los anuncios de mayor presión al TCP, desde Cochabamba la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico anunció la llegada de más de 2.000 cocaleros el próximo 15 de enero, para exigir la dimisión de los “magistrados autoprorrogados”, según el reporte de radio Kawsachun Coca.

GOLPES Y EMPUJONES

En la protesta, un grupo de manifestantes chocó con la Policía tras retirar una barda de seguridad con la intención de llegar hasta las puertas mismas del Constitucional, entre empujones y golpes contra los uniformados que utilizaron agentes químicos.

“Lucho (Luis Arce) traidor”, “basta de abuso de poder”, fueron algunas de las inscripciones en los carteles que se pegaron en los muros del tribunal. Después, comenzaron a quemar llantas pero la Policía procedió a extinguir el fuego.

TAMBIÉN LA OPOSICIÓN

Por su parte, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también convocó a su primera movilización para el 11 de enero en Sucre exigiendo el cierre del TSJ, TCP, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Además anunció que impulsará un juicio penal contra los magistrados que decidieron ampliar su mandato de manera indefinida, informó su vocero Manuel Morales.

La marcha se realizará el jueves 11 de enero a las 17:00. La concentración será en la plazuela de El Reloj en Sucre y, paralelamente, ese día habrá movilizaciones en el resto del país, informó Morales.

Las reacciones contrarias a los magistrados surgen después que el TCP, emitió la Declaración Constitucional 0049/2023 del 11 de diciembre del año pasado, declarando inconstitucionales algunos artículos del proyecto de ley 144, Ley Transitoria de Elecciones Generales, pero no solo eso, sino que dispuso la ampliación del mandato de los magistrados a partir del 2 de enero, ante un inminente vacío de poder en vista de que no hubo elecciones para renovar a las autoridades judiciales.

SEGURIDAD

El comandante departamental de la Policía en Chuquisasa, Marco Antonio Gutiérrez, señaló que el despliegue policial en curso busca garantizar el ingreso y la salida de funcionarios y litigantes del TCP, además de evitar el deterioro de la infraestructura.

“Hay un derecho a la protesta, pero si este vulnera el derecho de otras personas, va a actuar la Policía”, indicó Gutiérrez.

MÁS POLICÍAS

Anoche los sectores movilizados seguían en vigilia en el TCP frente a una significativa cantidad de policías que resguardaban la seguridad del edificio ante el anuncio de la llegada más gente.

Solo renunció un magistrado

Tras la renuncia del magistrado del TCP, Carlos Alberto Calderón, no se oficializaron más dimisiones en ninguna de las instituciones del Órgano Judicial ni del Constitucional, pese a los rumores de que habría otras autoridades que están en ese proceso de dar un paso al costado.

Calderón, que ya dejó el cargo del TCP, continúa en Sucre terminando de cerrar algunas de sus causas pendientes y  ante la solicitud de una entrevista indicó que prefería no referirse al conflicto porque él ya había dejado la institución.

En una conversación con CORREO DEL SUR aclaró que su renuncia ya estaba prevista mucho más antes de que se conociera la Declaración Constitucional de prórroga y que solo esperaba cumplir con sus seis años de mandato y dejar resueltas sus causas.

Abogado: Fiscalía debe aprehender a los magistrados

A juicio del abogado Frank Campero, el Ministerio Público, en el marco de la denuncia por anticipación y prolongación de funciones, debe imputar y ordenar la aprehensión de los magistrados prorrogados toda vez que estarían ejerciendo ilegalmente funciones.

Campero, abogado de la alcaldesa alteña Eva Copa, indicó que dentro de este proceso de investigación hay una contaminación política que impedirá la actuación independiente del Ministerio Público.

“Si realmente existiese la no intervención (política) tendríamos ya inclusive la imputación directa y hasta los mandamientos de aprehensión que debería haber emitido el Ministerio Público contra los que se están autoprorrogando, obviamente existe el concurso de delitos, usurpación de funciones”, sostuvo.

Explicó que la Declaración 0049/2023 del TCP no puede ser utilizada para quedarse en el cargo porque la Constitución Política del Estado es clara cuando establece un plazo de seis años de mandato, sin posibilidad de quedarse y ni siquiera ser reelegido en el mismo alto tribunal donde se desempeña.

Salubristas de Santa Cruz: TCP anuló concurso de méritos

Profesionales en salud de Santa Cruz que también protestan en puertas del TCP denuncian que su presidente, Paul Franco, favoreció a su hermano con un fallo que dejó sin efecto el concurso de méritos para acceder a un cargo público al que se presentaron casi 300 salubristas.

Ruth Aguilera, representante de los profesionales en salud de Santa Cruz, indicó que desde la anterior semana protagonizan protestas en el TCP debido a que un fallo en el que interviene el presidente del TCP dejó sin efecto un concurso de méritos en el que participaron 297 profesionales que ingresaron la función pública con examen de competencia.

Denunció que el Presidente del TCP hizo de dirimidor en esta sentencia para que su hermano, que no habría aprobado en el concurso, siga trabajando, luego de haber ingresado con un ítem político durante el gobierno de Jeanine Áñez.

“Él (Franco) emitió un fallo anulando el concurso de méritos, favoreciendo a su hermano para que siga trabajando y los ganadores del concurso que se sometieron al concurso están fuera porque lo anuló el proceso”, reclamó Aguilar.

Los profesionales en salud de Santa Cruz se sumaron a los pedidos de alejamiento de los magistrados y anunciaron que permanecerán en la protesta por la reivindicación de sus derechos.