La Fiscalía en Chuquisaca inició las investigaciones por la presunta comisión de delitos de anticipación o prolongación de funciones de los magistrados y consejeros en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a través de requerimientos de informes a las instancias correspondientes.

El Ministerio Público de Chuquisaca envió los requerimientos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Agroambiental (TA) y al TCP pidiendo certificaciones de quiénes están ejerciendo funciones en acato al mandato dispuesto en la Declaración constitucional 0049/2023, informó el periódico Correo del Sur.

El periódico conoció, por fuentes extraoficiales, que la comisión de fiscales fue la encargada de emitir los requerimientos respectivos para que estas unidades remitan esta información dentro del plazo de 24 horas, a partir de la notificación legal.

Los actos investigativos que realiza el Ministerio Público responden a la denuncia puesta por la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), que el 2 de enero entregó un memorial en la Fiscalía General exigiendo que se identifique a los magistrados y consejeros que continúan ejerciendo funciones de “facto” y promueva acciones penales por usurpación de funciones.

Los magistrados del TCP decidieron continuar en sus cargos, pese a que ya fenecieron, hasta que se organicen nuevas elecciones judiciales en el país. El hecho recibió una ola de rechazos y críticas de expertos en el tema que califican la acción como una “autoprórroga y golpe judicial a la democracia”.

La decisión asumida por los magistrados se basó en la Declaración Constitucional 049/23, en la que también por unanimidad declaran la “inconstitucionalidad el artículo 2 del proyecto de Ley 144 Transitoria de Elecciones Judiciales aprobado en el Senado, que establecía que los subalternos se hagan cargo de la transición”.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Mauricio Nava Morales, informó el jueves anterior que los denunciantes solicitaron identificar la usurpación de funciones a partir del 3 de enero de 2024 por parte de exmagistrados del TSJ, Tribunal Agroambiental, TCP y exconsejeros de la Magistratura.

BD/WPS