La bancada de los pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) aún no ha realizado ningún pronunciamiento con relación al conflicto que se ha desatado por la suplencia temporal dentro de la Gobernación cruceña. Analistas destacan la importancia que tienen los cinco asambleístas en la cotidianidad del parlamento departamental y consideran que es necesario que realicen un pronunciamiento sobre este problema interno.

El analista Daniel Valverde dijo que si bien el silencio es bueno a veces preocupa, por lo que los representantes de estos cinco pueblos indígenas deberían en base a la sabiduría y principios, que caracterizan a estas naciones de tierras bajas, llamar a la cordura, reflexión y al dialogo.

“A través de estos aprendizajes y prácticas que ellos tienen, deberían ponerlas en práctica sobre todo en la capacidad de dialogar y concertar que es lo que nos está haciendo falta. Por eso es importante que los pueblos indígenas se manifiesten”.

El exsecretario departamental de Gobierno, Vladimir Peña, explicó que en el único caso que la ALD podría votar para elegir a un gobernador en el legislativo, es si las actuales autoridades departamentales se encuentran impedidas para ejercer el cargo.

“Dada la configuración de la ALD, si es que se llegará a esta circunstancia, ahí la bancada indígena es un dirimidor porque tanto las fuerzas de Creemos como del MAS están empatadas. Además, con todo este fraccionamiento de Creemos es probable que termine más reducido, por eso la importancia de los pueblos indígenas se vuelve doble; para construir una mayoría en función de cómo se tendría que votar”.

Peña agregó que si bien el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, tiene “apoyo” de la bancada indígena, toda esta problemática actual puede generar inestabilidad en la propia asamblea, porque de acuerdo a las declaraciones de los últimos días, el enfrentamiento entre las facciones de Creemos se están endureciendo.

Sobre la conformación de la ALD, el vicegobernador Mario Aguilera dijo que cuando asumieron la gestión de gobierno eran 11 asambleístas de Creemos, 11 del MAS, cinco de los pueblos indígenas y uno de Asip, pero por gestiones de la administración de la directiva de la ALD han sido apartados de Creemos, Kathia Quiroga y Antonio Talamás.

“Siempre es importante el papel de todos los asambleístas que trabajan en función de su pueblo y su tierra. En las votaciones, un voto de un asambleísta indígena tiene el mismo valor que cualquier otro asambleísta”, complementó.

Los cinco asambleístas representan a los cinco pueblos indígenas: ayoreo, guaraní, chiquitano, guarayo y yuracaré - mojeño.

EL DEBER volvió a buscar a los representantes de las cinco naciones, pero ninguno pudo ser contactado. El asesor de está bancada indicó que los parlamentarios estarán en la capital cruceña este miércoles 10 de enero.

En abril de 2021, el expresidente Evo Morales planteó la posibilidad de dirigir y administrar el departamento cruceño desde la ALD con la bancada indígena. “Si los asambleístas del movimiento indígena se suman somos mayoría en la Asamblea Departamental de Santa Cruz, y en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento de Santa Cruz y eso está en análisis, más tarde tenemos una reunión con asambleístas”, dijo Morales en aquella oportunidad.

Convocatoria

La ALD de Santa Cruz reanudará sus sesiones este miércoles, 10 de enero, a las 16:00 luego del receso de fin de año. Sin embargo, la suplencia del gobernador, Luis Fernando Camacho, no será tema de la agenda.

La secretaria general de la ALD, Paola Aguirre, explicó que no se tratará la suplencia hasta que se posesionen nuevos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y se pronuncien sobre el recurso de enmienda presentado por la Asamblea.

En ese sentido, afirmó que la Sentencia Constitucional 1021/2023, que declaró constitucional la suplencia del gobernador está inejecutoriada, ya que los magistrados que la emitieron se ‘autoprorrogaron’ en sus funciones y sus actos son nulos.

“La Constitución Política del Estado establece un plazo de seis años para el ejercicio de funciones de los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos magistrados autoprorroguistas, que están negociando sentencias para dañar a Santa Cruz, no pueden darle respuesta a nuestro memorial porque son incompetentes”, afirmó Aguirre.