En un análisis exhaustivo, los abogados Kathia Saucedo y Carlos Alarcón expresan sus preocupaciones acerca de la viabilidad de las elecciones judiciales, señalando con certeza que el año 2024 no será el año de certidumbres para este crucial proceso democrático, sino más bien uno marcado por las dudas.

Kathia Saucedo, especialista en Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal, sostiene que hay una evidente falta de voluntad para llevar a cabo las elecciones judiciales por voto popular durante el presente año. La abogada destaca la facilidad con la que se puede detener un proceso electoral y señala al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) como un actor clave en este escenario lleno de incertidumbre.

"Parar una elección es fácil", declara Saucedo, resaltando la inapelabilidad de las decisiones del TCP, lo que agrega una capa de complejidad al proceso. La abogada aboga por devolver el control al ciudadano mediante una consulta o referéndum, proponiendo preguntar al pueblo si desea que los magistrados del TCP se mantengan en un mandato auto prorrogado.

En su propuesta, Saucedo destaca la importancia de incluir "preguntas esenciales para la reforma judicial", como la propuesta del 3% para la administración judicial, buscando garantizar la independencia económica. Asimismo, aboga por la creación de una instancia autónoma, idónea y técnica para la preselección de candidatos, a través de una Comisión Nacional de Postulaciones.

Carlos Alarcón Mondonio, abogado y diputado, comparte la inquietud de Saucedo y expresa dudas acerca de que las elecciones judiciales se lleven a cabo en 2024. Alarcón sugiere que todo está dispuesto para una autoprórroga indefinida y prolongada del mandato de las actuales autoridades judiciales, destacando que el gobierno prefiere tener "marionetas" dispuestas a cargar con el costo político.

Alarcón argumenta que las observaciones realizadas por el TCP, especialmente aquellas realizadas por "goteo", evidencian una falta de interés real en llevar adelante las elecciones judiciales. Hace referencia a las observaciones a los dos tercios y a los plazos, generando un escenario desfavorable para el desarrollo del proceso electoral.

Desde enero de 2024, rige la prórroga de mandato de los 52 nuevos magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según lo dispuesto por el TCP el pasado 12 de diciembre. Esta medida excepcional se tomó debido al retraso de las elecciones judiciales, inicialmente programadas para 2023, pero declaradas inconstitucionales por el TCP debido a varias leyes aprobadas en el Legislativo. 

La incertidumbre sobre el futuro de las elecciones judiciales previstas para 2024 plantea serias interrogantes sobre la estabilidad y legitimidad del sistema judicial en el país.