Las frustradas elecciones judiciales en Bolivia formaron parte del informe anual del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que estuvo a cargo de su vicepresidente, Francisco Vargas, quien manifestó que este proceso suspendido "es un punto negativo para la democracia" y realizó un detalle de todos los preparativos que hicieron para cumplir su tarea, la que se truncó por factores ajenos a su voluntad.

“Para la gestión 2023 se cumplió el periodo constitucional de seis años por el cual fueron elegidos (los magistrados). Este proceso electoral debió realizarse el pasado año, aspecto que, sin lugar a dudas, es negativo para la salud de la democracia boliviana. Este proceso debe ser reencaminado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en base a un acuerdo nacional, en el que los actores políticos depongan actitudes partidarias, y piensen en la institucionalidad del país”, exhortó Vargas en su mensaje-informe.

Las elecciones judiciales estaban previstas para diciembre y los partidos con presencia en el Parlamento no lograron los acuerdos en nueve meses. El 12 de diciembre, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron una declaración constitucional, mediante la cual prorrogaron su mandato hasta que la Asamblea realice las preselecciones y el TSE organice las elecciones.

“El 14 de julio (de 2023), luego de revisar el estado de situación del proceso electoral judicial 2023, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) reunido en el municipio de Porongo, en el departamento de Santa Cruz, emitió un pronunciamiento público, dando a conocer que se garantizaba el desarrollo de las actividades para llevar a cabo las elecciones judiciales 2023 para el domingo 3 de diciembre; fecha que permitía la entrega de credenciales a las autoridades electas hasta fin de año, y que sean posicionadas el martes 2 de enero”, detalló Vargas. Lamentó que nuevamente no haya habido acuerdo para la conformación de la nómina de preseleccionados.

El frustrado proceso afectó a la ejecución presupuestaria del TSE, que solo alcanzó al 33% de recursos invertidos, porque no hubo elección y tampoco la actualización del Padrón Biométrico, que también fue frustrado por observaciones a las empresas que se adjudicaron el trabajo.