En un giro político inesperado, la Asamblea Legislativa de Bolivia ha sido escenario de una serie de eventos que han marcado un período de tensión y controversia en el país. Hace dos semanas, durante una sesión clave, el Presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, no logró obtener el apoyo necesario para establecer una comisión de receso. Este hecho no solo significó el rechazo a la resolución propuesta sino también al receso legislativo en sí, marcando un punto de inflexión en la política boliviana.

La situación se agravó cuando, a pesar de la negativa del pleno, Choquehuanca anunció unilateralmente el receso parlamentario mediante un comunicado de prensa. Esta acción ha sido ampliamente cuestionada, considerándose que excede sus competencias constitucionales. La controversia se intensificó aún más con la inactividad de la Cámara de Diputados, que durante las últimas tres semanas no ha convocado a sesión para tratar proyectos de ley cruciales aprobados en el Senado, entre ellos, medidas para prevenir la autoprorroga de magistrados y la aprobación del Presupuesto General del Estado para 2024.

Ante la urgencia de resolver asuntos como la elección judicial y la aprobación del presupuesto, la directiva del Senado Nacional, liderada por Andrónico Rodriguez, convocó a una sesión ordinaria la semana pasada. Las sesiones recientes del Senado y las actividades de las comisiones lideradas por Comunidad Ciudadana han enviado un claro mensaje al Ejecutivo: la necesidad de respetar la independencia de poderes y de abordar de manera prioritaria la situación judicial antes del 2 de enero.

En este contexto, la polémica se ha extendido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Algunos senadores presentaron un recurso de nulidad contra la sesion de la cámara Senadores, que no solo fue admitido, sino que también paralizó la capacidad del presidente del Senado para convocar a sesiones ordinarias. Recientemente, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023-24S, marcando un cambio en su interpretación anterior sobre la reelección como un derecho humano y reconociendo los alcances del Pacto de San José, lo que es correcto pero no porque les interese la CPE, sino porque han cambiado de patrón.

El TCP ha asumido un rol de "suprapoder", interfiriendo en decisiones políticas fundamentales y asumiendo funciones que trascienden su mandato constitucional. Situación comparable con lo que se vive en regímenes autoritarios, que eleva las preocupaciones sobre la dirección política que está tomando Bolivia bajo la influencia del MAS.

La situación actual en Bolivia es una muestra preocupante de cómo la política puede desviarse hacia prácticas autoritarias y antidemocráticas. La crisis en la Asamblea Legislativa y las acciones del Tribunal Constitucional reflejan una pugna de poder que amenaza los cimientos de la democracia y el respeto a la independencia de poderes. Parece que el presidente no mide los alcances de los pactos que ha generado su Ministro de Justicia para asegurar su candidatura única.

Los próximos pasos en la política boliviana serán cruciales para determinar si el país puede retomar un camino hacia la estabilidad y el respeto a sus propias leyes y principios democráticos. La crisis institucional actual en Bolivia es una señal de alarma para la democracia. Con el poder concentrado en el MAS, el país se acerca peligrosamente a una dictadura que podría sofocar cualquier oposición. Es un momento crítico que exige una vigilancia democrática constante.

Los ciudadanos y líderes políticos debemos actuar unidos en defensa de los principios democráticos. Solo así Bolivia podrá evitar el descenso hacia una dictadura y preservar su democracia. La profunda crisis política e institucional que vivimos trasciende a cualquier partido, los peligrosos alcances de este suprapoder deben alertar a todos, exhortamos a los Asambleístas a anteponer al país y su estabilidad. La responsabilidad recae en todos para garantizar un futuro político estable y democrático.