Ante las críticas y las advertencias de procesos por la prórroga dictada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para los altos cargos del Órgano Judicial, al menos dos magistrados renunciaron a su cargo.

La noche del martes se conoció que Carlos Calderón, magistrado del TCP, presentó el martes 2 enero su “renuncia irrevocable” ante la Sala Plena. En esa misma línea, ayer se supo que la magistrada por Tarija Julia Cornejo dimitió igualmente a su cargo.

“Esta decisión judicial constitucional —muy a pesar de los motivos expuestos— fue mal entendida, tergiversada y respondida de manera reactiva por diversos actores de la sociedad boliviana, situación que genera incertidumbre, principalmente en el foro litigante, además de absoluta incomodidad y malestar como autoridad miembro del TCP de Bolivia, la misma que hace inviable la continuidad del suscrito en el cargo”, expresó en su carta el magistrado Calderón.

MAGISTRADOS

Felix Ajpi, senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS),  ponderó la decisión de Caballero e indicó que los “demás magistrados deben seguir su ejemplo sabiendo también que eso generará un vacío de poder”.

“Seguramente dijo: ‘yo no me ensucio en estos manejos jurídicos totalmente al revés’. Creo que todos (los magistrados) deben tomar esta determinación”, añadió.

Gloria Callisaya, diputada por el MAS, remarcó que después de la renuncia de Calderón, “puede tomar el cargo su suplente”.

Alberto Astorga, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), pidió que el resto de los magistrados tome la misma decisión, ya que de no hacerlo “les van a llover juicios de responsabilidades”. Y advirtió que cualquier decisión que vayan a tomar “será nula”.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló el martes  que los actos de los magistrados serán “nulos por mandato de la Constitución” Política del Estado, tomando en cuenta que su gestión feneció el 31 de diciembre.

También el jefe de bancada del CC, Enrique Urquidi, y una delegación de diputados llegó hasta Sucre para solicitar, a través de una carta formal dirigida al fiscal general Juan Lanchipa, iniciar una investigación penal por el delito de usurpación de funciones contra los magistrados y los consejeros prorrogados.

TEMOR

En tanto, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, señaló que “no cree que esto (renuncias) sea por temor o amenazas”, debido a que cuando uno asume un cargo público siempre está sujeto a “cualquier proceso”.

“No debería haber temor a una advertencia (o) amenaza de un proceso, cuando uno ha actuado en el marco de la Constitución y las leyes. Como quien dice ‘el que nada debe, nada teme’, por lo tanto no creo que haya un temor y que con la renuncia se salven de algún proceso”, complementó la autoridad.

Señaló que como Gobierno respetan las decisiones que pueden asumir funcionarios de otros órganos del Estado. “Son decisiones que ellos asumen, respetamos y esperamos que las decisiones que hagan sean en el marco de la voluntariedad”, dijo.