Reiterando que la prórroga de mandato dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para mantener a autoridades judiciales en sus cargos, pese a haber fenecido su tiempo de funciones, es ilegal y va en contra de la Constitución, miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), iniciar de oficio, acciones penales por Usurpación de Funciones.
En conferencia de prensa desde la capital del Estado, el jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, indicó que desde esta organización política, se remitió una nota al fiscal general, Juan Lanchipa, exigiendo “dejar de ver de palco” la situación crítica por la que atraviesa el Órgano Judicial y el país a causa de la “autoprórroga” dictada por el TCP.
La referida nota, pide conformar una Comisión de fiscales que garantice independencia e imparcialidad, misma que se encargue de promover, de oficio, el inicio de las acciones penales respectivas por el delito de usurpación de funciones, en contra de todas autoridades que ejerzan cargos judiciales a partir de esta jornada.
“Le exigimos que de manera inmediata, a partir del miércoles 3 de enero, se inicien, de oficio, acciones penales por usurpación de funciones en contra de todos los magistrados del Órgano Judicial que abusaron de su cargo, atropellando y desconociendo la Constitución Política del Estado mediante una ‘autoprórroga’ que se constituye en un golpe judicial y a la democracia, nunca antes visto”, dijo el asambleísta.
Urquidi precisó que se busca sancionar con la máxima pena establecida en el Código Penal para este tipo de delitos y que los actos inconstitucionales de las autoridades prorrogadas no queden en la impunidad.
“Estamos exigiendo que se conforme esta comisión de Fiscales, del más alto nivel, para la investigación en contra de todos los Magistrados que, a partir de mañana (hoy), habrán consumado el delito de usurpación de funciones por esta indebida prolongación perpetrada en una declaración constitucional, días atrás”, sostuvo.
Asimismo, explicó que el Fiscal General del Estado tiene la obligación, en el marco de sus competencias constitucionales, de iniciar este tipo de acciones para sancionar actos contrarios a la normativa vigente. “Por eso que la bancada de Comunidad Ciudadana está aquí, en la capital del Estado, en la sede histórica del Órgano Judicial, para decirle a los prorrogados que no vamos a permitir que se usurpen funciones”.
En ese contexto, reiteró los cuestionamientos a la determinación del TCP en sentido de extender el mandato de las actuales cabezas de la justicia boliviana, en claro desmedro de la institucionalidad en el Órgano Judicial y de la democracia nacional.
“En vez de cuidar y ser guardianes de la Constitución Política del Estado, se han convertido en sus principales verdugos y personas que han desconocido, atropellado y acomodado a sus intereses personales y políticos, la prórroga para beneficiarse en desmedro de la institucionalidad democrática”, dijo.
Desde sus redes sociales, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa Gisbert, puntualizó que la ilegal extensión al período de funciones de las autoridades en justicia se constituye en una vulneración a la Constitución, misma que puede derivar en una mayor crisis en este campo.
“Desde hoy los Magistrados del Órgano Judicial ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional. La bancada de CC exige al Fiscal iniciar la acción penal contra las ex autoridades que se niegan a entregar sus cargos”, expresó Mesa.
Parte de la nota remitida a Lanchipa, recuerda que ningún magistrado que cesa en su mandato por cumplimiento del tiempo de funciones, puede continuar en el cargo o estaría incurriendo en usurpación de funciones, delito que, en su modalidad agravada, implica privación de libertad entre 4 y 8 años.
Las modalidades contempladas para el delito de usurpación de funciones se tipifican en:
A). Ejercer la función jurisdiccional sin título o nombramiento expedido por la autoridad competente. La única autoridad competente para expedir el título o nombramiento de Magistrado y Consejero del TCP, TSJ, TA y CM es el pueblo soberano, ejerciendo la función de electorado, mediante el sufragio universal, conforme lo disponen los artículos 182 1, 188 1, 194 I y 198 de la Constitución Política del Estado. El Tribunal Constitucional Plurinacional no tiene competencia ni constitucional ni legal para expedir estos nombramientos.
B). Ejercer la función jurisdiccional sin haber cumplido los requisitos legalmente exigidos. Los requisitos constitucionalmente exigidos son haber sido preseleccionados por dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y haber obtenido la mayoría simple de votos en una elección conforme lo disponen los artículos 182 II y V, 188 1, 194 1 y 198 de la Constitución Política del Estado. Una declaración constitucional del TCP de autoprórroga no es un requisito legalmente exigido.
C). Ejerza la función jurisdiccional después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo público. Según la fecha de posesión en sus cargos, el 2 de enero del 2024, es el último día de ejercicio legal de los Magistrados y Consejeros que fueron elegidos en las elecciones del 2017 (destacamos que en esas elecciones ganó el voto nulo y blanco que dejó sin legitimidad el ejercicio de estas autoridades). Tomando en cuenta el plazo constitucional de 6 años de ejercicio, conforme lo disponen los artículos 183 1, 188 III. 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado, a partir del 3 de enero del 2024, si continúan en sus cargos, los estarían ejerciendo después de haber cesado legalmente en el desempeño de los mismos.
La postura de CC es que la Declaración Constitucional que dispuso la prórroga de las autoridades en justicia cesantes, a partir de enero de este año, puede llegar a tener consecuencias “devastadoras” para la independencia del Órgano Judicial.
Ayer, en medio de anuncios de desobediencia civil y convocatorias a medidas de protesta, Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, inauguraron el Año Judicial sin acto oficial.
Días atrás, sectores como el Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocaron a la población a rechazar mediante desobediencia civil, un denominado “golpe” al Órgano Judicial por parte de las cabezas de la justicia.