Si fuera por la Constitución Política del Estado (CPE), hoy debería ser el último día hábil del trabajo de seis años de los magistrados del TCP. Pero la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no resolvió el conflicto de las elecciones judiciales y una Declaración Constitucional evitó un vacío que hubiera paralizado la justicia a partir del 2 de enero de 2024 en el país.

Hasta este viernes, no resolvieron casos de interés político como las acciones presentadas en contra de la reelección presidencial, del Estatuto Orgánico del MAS y de los juicios contra exfuncionarios declarados en rebeldía, entre otros casos de relevancia. No se descarta que los magistrados se pronuncien en curso de las próximas horas.

Los plazos establecidos por el Código Procesal Constitucional (CoPC) para la emisión de estos fallos ya se vencieron, en algunos casos incluso con la ampliación. Según abogados, los magistrados podrían “hacer aparecer” el próximo año un fallo con fechas pasadas.

Accionantes particulares denunciaron en pasados años que consultaban casi a diario sus casos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, sin embargo, una vez que recibían la notificación de sus fallos, notaban que habían sido firmados meses antes.

CASOS TRASCENDENTALES

Según la página institucional del TCP, la Acción Popular referida a la reelección presidencial, un recurso planteado por el diputado Marcelo Pedrazas (CC) y que ingresó en marzo de 2022, se encuentra en el despacho de un magistrado relator y habría una excusa de un magistrado o magistrada que no fue resuelta.

El parlamentario opositor solicita que se le conceda tutela y se ordene la anulación de la Sentencia Constitucional 084/2017, en aplicación de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2019 estableció que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Cabe recordar que el 2017, el TCP de los anteriores tribunos, emitió la sentencia 084 dando curso a la reelección indefinida de Evo Morales.

Pedrazas no cree que el TCP se pronuncie este año sobre su acción popular, que ya lleva un año y nueve meses sin resolución.

Tampoco tiene sentencia la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) en contra de algunos artículos del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción, que permiten los juicios en rebeldía contra funcionarios públicos que no están en el país. Esta AIA fue presentada en diciembre de 2019 por la entonces diputada opositora Norma Piérola y se encuentra en manos del magistrado relator.

También está en despacho de un magistrado relator, sin sentencia, una AIA interpuesta por la diputada Deisy Choque (MAS) en la que solicita al TCP declarar la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley 1096 y del Estatuto Orgánico del MAS que establecen el liderazgo nato de Evo Morales. No se resuelve desde enero de este año.

En contra de la misma norma, el diputado Rolando Cuéllar (MAS) planteó una AIA en abril de 2022. Un año y ocho meses después, el TCP tampoco se pronuncia. En la página institucional de esa institución se puede observar que el caso está en archivo, pero no hay sentencia, resolución ni auto publicado.

Luego de que la ALP no logró consenso para convocar a elecciones judiciales y ante una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley de Elecciones Judiciales, los magistrados del TCP, mediante la Declaración Constitucional 49/2023, decidieron ampliar el mandato de las autoridades del Órgano Judicial y de ellos mismos, de forma indefinida, hasta que se produzca la elección de sus reemplazantes mediante voto universal.

PETICIONES

En 2019, abogados de trayectoria en el país presentaron un memorial al TCP pidiendo la nulidad de la sentencia constitucional 084/2017 pero los magistrados no dieron curso a esa solicitud.