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24 de diciembre de 2023, 4:00 AM
Hay tensión en la Asamblea Legislativa. No pudo cumplir su misión de dar viabilidad a las elecciones judiciales, pero desde la oposición, el “evismo” y una parte de los mismos ‘arcistas’ rechazan la llamada “autoprórroga” de mandato que decidieron los mismos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Esta semana será clave para lograr acuerdos, pero los leales al presidente Luis Arce no tienen interlocutores.
El Senado había aprobado con más de dos tercios un paquete de normas para frenar la prórroga de los magistrados. De inicio esto quedó en un simple ensayo, porque los diputados leales al presidente frenaron en seco la acción, calificaron como “inconstitucionales” los proyectos de ley en la Comisión de Constitución. El presidente de Diputados, Israel Huaytari, brilló por su ausencia y esquivó la exigencia del Senado y de Comunidad Ciudadana (CC) de convocar tratar esas normas.
Además, el jueves, 97 diputados y 23 senadores, 120 asambleístas, rechazaron el receso para dar pelea por esas normativa. De hecho, solamente 39 apoyaron el receso, 81 votaron en contra. Para tener mayoría se requerían 61 votos.
De este modo, la última semana de este año se proyecta en medio de tensiones. Desde CC, el diputado Marcelo Pedrazas anticipó que si los magistrados se mantienen en sus cargos por encima de la Constitución “sus decisiones no serán válidas” y se aplicará “la desobediencia civil” por la vulneración a la Constitución por parte del TCP.
En ese contexto, para 2024 se perfilan escenarios mucho más complejos como el anuncio reiterado de desconocer cualquier acción de los tribunos prorrogados porque sus actos serían inconstitucionales. Además de aquello, surgen anuncios de procesos contra los magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por haber coadyuvado en su continuidad calificada como ilegal y por cometerse en sus funciones.
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El 18 de diciembre, el presidente del Consejo Nacional Cristiano, el pastor Luis Aruquipa, presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia contra los 26 magistrados y consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura por la presunta comisión de al menos 16 delitos y pidió al presidente de esa instancia legislativa Israel Huaytari que inicie el procedimiento para abrir un juicio de responsabilidades contra los tribunos, conforme al artículo 26 de la Ley 044, por haberse autoprorrogado en sus cargos más allá de lo que manda la Constitución.
Entre los delitos por los que se acusa a las autoridades judiciales están: Resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes; sociedades o asociaciones ficticias; discriminación; difusión e incitación al racismo o a la discriminación; monopolio de trabajo; autoría, asociación delictuosa; uso indebido de influencias; tráfico de influencias; beneficios en razón del cargo, prevaricato y nombramientos ilegales. Todos estos delitos establecidos en el Código Penal.
Aruquipa que se presenta en calidad de víctima, recalcó que en el pedido de consulta de constitucionalidad que envió el TSJ al TCP sobre dos artículos del proyecto de ley 144, no se solicitó que el TCP se pronuncie sobre la situación legal de los magistrados y menos si estaban dispuestos a prolongar su mandato. Así, no corresponde el punto 4 de la Declaración Constitucional 49 de prórroga.
El diputado Ramiro Venegas (MAS-Evista) afirmó que la autoprórroga es inconstitucional y culpó por ello al vicepresidente David Choquehuanca “que no ha cumplido con la agenda legislativa”.
En ese contexto, informó que presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra tres magistrados por faltas graves y gravísimas por más de “un centenar de denuncias” al emitir resoluciones fuera de los plazos.
“He presentado 12 denuncias por faltas graves y gravísimas contra el señor Ismael Ramiro Campero Méndez, Rubén Ramiro Conde y Carmiña Ninosca Vera quienes fungen como vocales constitucionales. En especial, Campero había cometido más de un centenar de faltas graves y gravísimas y esto es encubierto por el Tribunal Constitucional”, dijo Venegas.
Además, exigió que los magistrados de las altas cortes sean sometidos a juicio si porfían en su intención de continuar en sus cargos más allá del 2 de enero.
El Gobierno de Luis Arce defiende el fallo 0049/2023 del Tribunal Constitucional e interpreta el mismo no como una autoprórroga como una salida al incumplimiento constitucional del Legislativo.
“La Asamblea (este 2023) no ha logrado cumplir su mandato que es de preseleccionar a los candidatos”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima a EL DEBER Radio.
La autoridad sigue la línea que marcó el presidente Arce cuando, por única vez, se refirió al tema y responsabilizó de esta crisis al Legislativo. “La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del Órgano Legislativo. Ellos son los que en realidad han provocado todo este problema, no nosotros como Gobierno nacional ni nuestra bancada”, dijo.
El Senado, de forma sorpresiva, aprobó tres proyectos de ley para dejar sin efecto la autoprórroga de los magistrados judiciales: una ley que deja sin efecto la sentencia 0049/2023 del TCP, la suspensión de plazos procesales de las altas cortes y una norma que modifica la Ley 044 para juzgar a las altas autoridades del Órgano Judicial y el Fiscal General del Estado. El Senado y la bancada de CC exigieron que Diputados trate con carácter de urgencia estas normas, hecho que no pasó.
Es más, el presidente de la Comisión de Constitución, Juan Jáuregui, objetó su constitucionalidad de la ley de suspensión de plazos procesales. “¿Es constitucional suspender los plazos procesales? ¿Es constitucional dejar (sin acceso al sistema judicial) a la población por casi ocho meses? Demuéstrenme. ¿Esos proyectos de ley tienen resguardo constitucional? Cuestionó el legislador, quien está a cargo de una comisión clave para lograr acuerdos.
