En Bolivia hemos cruzado una de las líneas peligrosas en esto de la democracia liberal: la separación de poderes ya no es siquiera un elemento decorativo sobre el que guardar las formas. El cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional por instrucción del vicepresidente David Choquehuanca es una cacicada, por mucho que su cargo ejecutivo lo nombre como presidente nato de la mencionada Asamblea (esto en sí ya es una perversión del sistema).

La determinación difundida en términos de comunicado ordinario y apelando al derecho constitucional a las vacaciones, ni más ni menos, convierte a las cámaras en simples cajas de resonancia del poder ejecutivo que todo lo puede, pero además es que entraña decisiones de fondo y esconde sospechas profundas que viene a probar que al final, todo es uno. Como si lo dudáramos.

La intención del gobierno es maniatar a la Asamblea para evitar que una Ley corta revierta la auto prórroga que los máximos magistrados de las principales instituciones de justicia se han concedido a sí mismos. Su mandato acababa el día 2 de enero, pero para ello debían tomar posesión nuevas autoridades electas que no han podido ser elegidas precisamente porque esos mismos tribunales han observado el procedimiento varias veces.

Aunque los motivos se encuentran en el terreno de la interpretación, es evidente que el oficialismo de Luis Arce respalda la decisión de los magistrados, pues todos sus voceros, incluyendo el Procurador y el propio presidente, se han manifestado en ese sentido, mientras que el resto de fuerzas, incluyendo el bloque evista del MAS, lo consideran un atropello, lo que no deja de ser una paradigmática ironía. La sospecha evidente incluye no solo a un poder del Estado, sino a dos: El TCP y el Tribunal Supremo Electoral, dicen, deben contribuir a garantizar la candidatura de Arce en 2025 y por ende, anular las intenciones de Evo Morales.

El hecho de no respetar siquiera formalmente la separación de poderes nos acerca a terrenos pantanosos. No debe servir de excusa que “todos lo hacen”, ni los Decretos de Urgente Necesidad de Javier Milei, ni las digitaciones presidenciales de los procesos constituyentes en Chile, ni el lawfare en España o Estados Unidos. Tampoco que en Bolivia sea de lo más común: ningún gobierno desde el 52 se ha resistido a controlar el poder electoral, ha influido con insistencia en la administración de Justicia y se ha saltado cuando ha podido el poder legislativo, o ha pedido directamente su cierre cuando los números no le convenían.

El problema político está sobre la mesa y, por primera vez en mucho tiempo, las fuerzas en las cámaras son suficientes para revertir una decisión autoritaria del ejecutivo. Es decir, esta vez son los políticos los que se tienen que poner a trabajar y no ponerse de perfil a la espera de que el pueblo se enerve y salga a las calles, porque evidentemente, este no es el tema que lo logrará.