“Lamentablemente el Gobierno quiere un control en las cúpulas de estos cuatro órganos de justicia, de facto. El plan siempre ha sido sabotear las Elecciones Judiciales este año y a comienzos del próximo para prorrogarlos a estos Magistrados mediante el contubernio que tiene con ellos”, dijo.
En ese sentido, Alarcón reiteró que a partir del 2 de enero, todas las acciones, fallos y sentencias que se emitan, serán pasibles a cuestionamientos de la población, impugnación y recursos por parte de todos aquellos que resulten afectados.
“A partir del enero, estos señores no pueden ejercer válidamente un cargo en el que ellos mismos se han ‘autoinvestido’, eso no puede haber salvo en caso de una dictadura”, sostuvo Alarcón.
El diputado de oposición agregó que al tratarse de autoridades co una permanencia irregular en el cargo, generarán una enorme inseguridad jurídica en el país.
Puntualizando sobre la importancia de la tercera ley aprobada por el Senado para contrarrestar la prórroga judicial, el diputado de oposición insistió en la necesidad de adecuar la Ley de Responsabilidades con la finalidad de sancionar este tipo de proceder, estableciendo que estas autoridades también deben ser sujetas a sanciones en la vía penal.
Anteriormente, el diputado chuquisaqueño Marcelo Pedrazas, había advertido que los cesantes magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura incurrirán en la figura de usurpación de funciones a partir de enero y aquello les hará pasibles a juicios ordinarios.
“Si a partir del 2 de enero estos magistrados continúan en sus oficinas, usando movilidades y emitiendo resoluciones, estarán incurriendo en usurpación de funciones y se les deberá activar procesos ordinarios, pues ya no estarán en el ejercicio de funciones y no podrán apelar a un juicio de responsabilidades”, manifestó Pedrazas en conferencia de prensa.
Puntualizó que una declaración constitucional solo es de cumplimiento para la Asamblea Legislativa y por tanto, ningún ciudadano tiene la obligación de acatar las acciones que emitan esos altos jueces a partir del cese de sus funciones el primer día hábil de 2024.