El 2023 cerró sin elecciones judiciales. La polaridad política en la Asamblea Legislativa evitó los acuerdos de dos tercios necesarios para promover el proceso. Ante este escenario, el Tribunal Constitucional (TCP)optó al final por prolongar el mandato de sus magistrados y del resto de las autoridades del Órgano Judicial, más allá de los límites de legales de la Constitución.

Ya a mitad de año se veía un panorama oscuro para las elecciones judiciales. Así, la crisis judicial siguió navegando en aguas turbias. Además, el proyecto de Ley Transitorio para las Elecciones Judiciales 2023-2024, con el que se intentó llevar adelante el proceso, fue frenado con un recurso presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres. Ahora, con la resolución 0049/2023, tanto él como el resto de los magistrados (23 en total) y tres consejeros se mantendrán en sus cargos hasta que se hagan elecciones. pero no hay fecha prevista.

Acuerdo político

En agosto, tras subsanar otras dos observaciones planteadas ante el TCP, las tres fuerzas políticas del Senado aprobaron el proyecto de ley 144 “Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024”, y luego de dar luz verde a la norma en grande, aprobaron los 37 artículos y ocho disposiciones transitorias en su etapa en detalle.

Esa misma norma fue rechazada por la Cámara de Diputados, donde no hubo consensos. Esa decisión causó un revuelo, puesto que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esperaba la ley para convocar a los comicios. Puso plazos que no se cumplieron. El panorama seguía empantanado y se la opción de que las elecciones no se iban a desarrollar en 2023 tomó más cuerpo.

Al no haber autoridades elegidas por las repetidas postergaciones, el tema preocupó, incluso en ámbitos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresaron su preocupación por la falta de acuerdos y la independencia judicial.

En medio se vivió una guerra política. El Movimiento Al Socialismo (MAS) se fraccionó por este tema entre los bandos que responden a Evo Morales y Luis Arce. Lo mismo en la oposición, que no logró acuerdos ni siquiera en sus propias filas.

Según asambleístas, el TCP resolvió más allá de lo que se le había consultado. Por ahora, las 26 autoridades del Órgano Judicial y del TCP seguirán en funciones.

Al final, el Senado aprobó con dispensación de trámite, tres proyectos de ley que apuntan a frenar la intención de los magistrados, pero la iniciativa naufragó. La pelea será retomada tras el 8 de enero de 2024.