Una disputa que podría afectar a la participación plena de Bolivia en el Mercosur

No es lo mismo hablar de “políticos presos” que de “presos políticos”.

Evidentemente hay “políticos presos”, es decir, personas que venían ejerciendo la política y resultaron encarceladas. Las hay por cualquiera de estas dos razones: ajenas a su trabajo o directamente vinculadas con él.

Para el Gobierno, en Bolivia no hay “presos políticos”, sino “políticos presos”. Esto fue dejado en claro en febrero del año que termina cuando la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, descartó el pedido de amnistía aprobado por cabildos que se desarrollaron simultáneamente en las principales capitales departamentales del país. “Quiero manifestar de manera clara y firme que no habrá ninguna amnistía. No habrá impunidad, que es lo que se busca en el fondo con estas acciones y discursos”, dijo la autoridad, cerrando así la polémica ya que los cívicos tampoco cumplieron con los anuncios de movilizaciones.

En ese sentido, el argumento del Gobierno es que los políticos que actualmente se encuentran con detención preventiva son personas que cometieron delitos comunes, lo que llevó a jueces a determinar su encarcelamiento temporal, mientras se sustancien los procesos en su contra.

La más famosa de los políticos presos en la actualidad es la presidenta Jeanine Áñez, quien ya tiene una sentencia ejecutoriada y purga una pena de 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

En vísperas de la Navidad, proliferanban en las redes sociales los pedidos de liberación de los “presos políticos” en Bolivia.

OTROS CASOS

En enero de este año, cuando se realizaron los cabildos regionales que, sumados, debían representar un cabildo nacional, se había cifrado la cantidad de supuestos detenidos políticos en más de 180, de los cuales los más notorios, además de la expresidenta Jeanine Áñez, eran: el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari.

A esa lista de tres, el diputado chuquisaqueño Pablo Arízaga sumó a la exalcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, debido a que, según denunció, en este, como en los otros tres casos, los jueces fueron designados exprofeso para encarcelarlos.

LIBERACIÓN

En vísperas de la Navidad proliferaban en las redes sociales los pedidos de liberación de los “presos políticos” en Bolivia.

¿Cómo saber si es un preso político?

Páginas web como Global Human Rights League (GRHL), Panam Post o Acceso a la Justicia proporcionan listas en las que aparecen más de 200 presos políticos en Bolivia. Allí aparecen Áñez, Camacho y Pumari. 

Un detalle a tomar en cuenta es que la mayoría de esas organizaciones tienen algún vínculo con las oposiciones boliviana y venezolana, lo que mueve a pensar que su criterio de análisis puede estar sesgado por su afinidad política.

Pese a ello, GRHL proporciona estos parámetros para saber si la detención de una persona está motivada por razones políticas o no:

a) Si la detención ha sido impuesta en violación de una de las garantías fundamentales consagradas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos, en particular, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de reunión y de asociación;

b) si la detención ha sido impuesta por razones puramente políticas, sin conexión con cualquier delito;

c) si, por motivos políticos, la duración o las condiciones de la detención están claramente fuera de proporción con el delito por el cual la persona ha sido declarada culpable, o presunto responsable;

d) si, por motivos políticos, él o ella son detenidos en forma discriminatoria en comparación con otras personas; o,

e) si la detención es el resultado de procedimientos que fueron claramente injustos y ésta parece estar relacionado con motivos políticos de las autoridades”.   

La cuestión Mercosur

Los pasados 4 y 5 de diciembre, el Museo de Arte de Río de Janeiro fue la sede de la Cumbre Social del Sur (Mercosur) que, entre otras cosas, aprobó la propuesta de incorporar a Bolivia a ese proceso de integración regional instituido inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La adhesión plena está aprobada, pero, según un cable de la agencia AP, para hacerla efectiva, debe “adaptarse al universo normativo del bloque” y eso incluye probar que no tiene presos políticos en sus celdas. “La oposición prepara documentación sobre los llamados ‘presos políticos’ para la delegación de senadores brasileños que llegarán a La Paz en seis meses a ‘verificar la situación de los perseguidos políticos’”, advirtió desde Brasil el escritor Sergio Fernando Moro, conocido por haber puesto en evidencia el escándalo de corrupción denominad “Lavajato”, que acabó con el ahora presidente Luiz Inacio Lula da Silva en la cárcel temporalmente.

“La oposición prepara documentación sobre los llamados ‘presos políticos’ para la delegación de senadores brasileños que llegarán a La Paz en seis meses a ‘verificar la situación de los perseguidos políticos’”, advirtió, desde Brasil el escritor Sergio Fernando Moro, conocido por haber puesto en evidencia el escándalo de corrupción denominado “Lavajato”, que llevó a un encarcelamiento temporal al ahora presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

“Tenemos la documentación lista. Se sabe que hay 200 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez a quien se le niega un juicio de responsabilidades, y el gobernador opositor preso Luis Fernando Camacho”, dijo, en Bolivia, el diputado Gustavo Aliaga (Comunidad Ciudadana).

Delitos de políticos o por políticos

El argumento de los gobiernos para detener a personas que, generalmente, son de partidos o tendencias de oposición, es que estas cometieron delitos. En consecuencia, supuestamente, se las encarcela para castigarlos por las vulneraciones a la norma y no por diferencias políticas.

“En Chile no hay presos políticos. El Gobierno no toma preso a nadie [...] Les pido a todos mis compatriotas que tengamos claridad: el que comete un delito violento tiene que asumir sus responsabilidades y consecuencias”, decía el entonces presidente de ese país, Sebastián Piñera, para justificar las detenciones por las protestas de 2019, que degeneraron en daños a la propiedad pública y privada.

El argumento es el mismo que utilizó en su momento el gobierno boliviano de Gonzalo Sánchez de Lozada, en 1995, para justificar la detención del entonces dirigente de los productores de hoja del Chapare, Evo Morales.

El abogado y analista Gabriel Villalba P. publicó un artículo, el 12 de febrero de este año, en La Razón, que comienza así: “En Bolivia no existen presos políticos, hay políticos presos por la comisión de delitos comunes en 2019”.