La oposición política vuelve a hablar en nombre de las bolivianas y los bolivianos —atribuyéndose los derechos del pueblo—, mintiendo que Bolivia está en crisis económica, que continúa la persecución política, que sigue secuestrado Luis Fernando Camacho —gobernador de Santa Cruz—, que hay más de 200 perseguidos políticos.

Que es urgente recuperar la democracia, que hay que profundizar las autonomías, inclusive quieren reformar la Constitución Política del Estado; actos dirigidos inequívocamente a subvertir el orden público, desestabilizar al actual gobierno constitucional y legítimo de Luis Arce Catacora, y finalmente dar un golpe de Estado para luego declararse Estados Federales y dividir Bolivia.

Ya lo decidieron y dijeron los “cívicos” de Santa Cruz: “Queremos que nos dejen ser y nos dejen hacer”, y “hemos decidido que la nueva relación de Santa Cruz con el Estado boliviano tiene que cimentarse en la libertad, hay que profundizar las autonomías, recuperar la democracia, reformar la Constitución mediante referéndum, nuestra libertad no se la debemos ni a Bolívar ni Sucre, Santa Cruz ya era territorio libre en 1825, cuando proclamó su independencia el 14 de febrero de ese año”; para ello buscan el apoyo de otros comités cívicos, grupos políticos, organizaciones sociales y los fascistas nacionales y extranjeros.

Ese plan, elaborado para originar el caos, la desconfianza, el descontento y el miedo en las bolivianas y bolivianos, con la finalidad de sembrar en el pueblo la idea de que mejor es un gobierno autoritario que en gobierno democrático, se puede ver que ya está en plena ejecución; por ello no aprueban el Presupuesto General del Estado, no eligen a los magistrados del Organo Judicial, y se oponen sin razón a todos los actos administrativos del Gobierno central, como por ejemplo a la industrialización que avanza a paso firme.

Seguramente, en los próximos meses, lanzarán otras mentiras llenas de cinismo para que el pueblo no confié en el padrón electoral, exija la modificación de la distribución de escaños, se modifique la Ley de Partidos Políticos, desconfíe de la democracia, pida la renuncia de ministros, exija el cambio del Tribunal Supremo Electoral y tribunales departamentales y otras exigencias inconstitucionales propias de los disconformes y anarquistas, gritando ser autónomos, sin respetar el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que dispone que el Vicegobernador suple al Gobernador —por ejemplo—.

Ello muestra que no quieren democracia, no quieren elecciones generales en 2025 porque saben que perderán, aunque se unan; quieren dictadura porque mantienen viva la idea de engañar al pueblo con sus mentiras y falsas promesas, haciendo el papel de redentores para salvar a la patria.

Actos que felizmente se subsumen en los elementos típicos de los delitos de sedición, conspiración y separatismo tipificados en los Arts. 123, 126 y 129 bis del Código Penal. El Ministerio Público por intermedio de sus fiscales tendrá que iniciar las acciones legales pertinentes, porque no hay dudas de que quieren desestabilizar al actual Gobierno, porque no quieren que los aymaras, quechuas, tupi guaraníes y organizaciones sociales sigan gobernando con sus ministros, viceministros, directores, senadores y diputados oriundos del Collasuyo.

La decisión desestabilizadora de los políticos de la oposición no es para salvar a Bolivia —como dicen hipócritamente—, sino para evitar que las leyes y la justicia los manden a la cárcel por los delitos que cometieron durante el golpe de Estado y gobierno de facto de Jeanine Añez, durante los 36 días de paro y bloqueo que causaron un daño económico de aproximadamente $us 140.000.000, entre otros. Pero el pueblo unido jamás será vencido.