La decisión de impulsar un proceso revocatorio contra el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, no solo es manifestación democrática, en los hechos tiene connotaciones políticas y raciales entre fracciones de la derecha cruceña.

Santa Cruz es el departamento que ha construido su identidad contemporánea a partir del regionalismo, la propiedad privada, el capitalismo, el migrante extranjero, el empresario, su cohesión ideológica deviene por la presencia y la forma transversal de las logias en los círculos de poder y la lógica racial/regional contra lo que el establishment denomina el centralismo andino aymara/quechua del Estado.

La identidad es un factor cultural que construye pertenencia a partir del valor y la fuerza que tiene esa identidad constituida en racionalidad hegemónica, un grupo social constituido en el núcleo que tenga la capacidad de liderar la complejidad heterogénea de su sociedad se convierte en clase dirigente.

Esta clase dirigente es en esencia capitalista, regionalista, cree tener el sentido de propiedad sobre su territorio.Para reafirmar este sentido es imprescindible dotarse de su propia institucionalidad política, civil y privada, como la autoridad que tenga el monopolio de la decisión.

El establishment hizo de la “cruceñidad” y la “institucionalidad” los factores subjetivos, sociales y políticos como sentido común regionalizado, que invisibiliza el corazón capitalista del núcleo hegemónico.

Critican al Estado centralista, pero en 1942, a pedido del presidente Peñaranda al presidente estadounidense F. Roosevelt, éste envió una misión a nuestro país a la cabeza de Mr. Merwin Bohan, que diseñó y elaboró el histórico Plan Bohan. La implementación se dio con mayor intensidad desde la revolución de 1952. Santa Cruz y los nacientes empresarios se beneficiaron del Estado y cogobernaron con gobiernos nacionalistas en democracia y en dictadura, fueron la estructura de poder en el neoliberalismo, el centralismo les fue beneficioso y les posibilitó desarrollar su modelo cruceño, era el tiempo que se sentían Estado a pesar del desprecio a lo andino aymara/quechua.

Desde que un aymara anticolonial asumió la titularidad del Estado, reniegan de cualquier tipo de relación con el Gobierno, exacerbaron el regionalismo racial, su institucionalidad abandonó el corporativismo empresarial para convertirse de facto en el partido político sin sigla electoral explícita.

El trípode de poder: comité cívico, gobierno departamental-municipal, empresarial que monopolizaba la verdad regionalizada se quebró, el establishment ya no es la síntesis de Santa Cruz, es solo la expresión de la cruceñidad capitalista racializada; enfrentan su propia contradicción, sus pilares hoy son caricaturas del poder.

El comité cívico está reducido a la voz gremial; empresarios que negocian con el Gobierno mantener sus beneficios; la Gobernación, sin norte y sin gobernador; parlamentarios de ruido sin ritmo, y un alcalde sin rumbo que deambula entre ser progobierno pero antievista, y ser mestizo/empresario sin que la élite de la cruceñidad le dé la membresía cultural para considerarlo parte del establishment.  

Pero a pesar de su crisis tienen la posesión, el control de la Gobernación, el comité cívico y no así del gobierno municipal, necesitan recuperar un pilar de su institucionalidad.

La revocatoria de Jhonny Fernández es la aspiración inmediata. El empresario, expresidente del comité cívico e hijo de migrantes croatas Branko Marinkovic, lo expresó hace varios meses: “recuperar al gobierno municipal porque el alcalde traicionó a Santa Cruz aliándose con el Gobierno”.

Jhonny, el alcalde, es de derecha y fue un aliado importante del gobierno de Banzer en 1997, decidió no ser parte de la movilización del comité cívico en 2022, no apoyó sus consignas antigobierno, por lo tanto, traicionó a la Santa Cruz del comité cívico, de Branko, esa es la sentencia de la moralidad selectiva y racial cruceña.

La lógica de la élite cruceña cree y divulga su creencia como razón y moralidad departamental, los hombres y mujeres que votaron por el MAS u otra opción que no es de la élite no son considerados ciudadanos cruceños, es decir, son traidores a lo que ellos consideran Santa Cruz como propiedad.

Para ellos, el valor legítimo de la democracia es prescindible, lo que tiene valor es la lógica neo-despótica de clase, usan el regionalismo para atribuirse el derecho de decir cuál es el canon ideológico y cultural para considerar a la autoridad electa la condición de representante cruceño, es decir, de la moral cruceña del establishment.

El proceso revocatorio contra el alcalde Fernández sintetiza la disputa y fragmentación interna del bloque de poder, que tiene características raciales dentro la derecha y la élite empresarial, política y cívica.

(*) César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda