El presidente del Consejo Nacional Cristiano, Luis Aruquipa, presentó una querella ante la Cámara de Diputados para solicitar el inicio de un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quienes, según el representante religioso, en complicidad de sus pares del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental incurrieron en 16 delitos al emitir la Resolución 049/2023, a través de la cual determinaron autoprorrogarse en sus cargos de forma indefinida.

“Esta declaración constitucional (049/2023) al haberse configurado en una AUTO PRÓRROGA DE MANDATO se constituye en una forma de asociación (delictiva) entre el solicitante, quien en su condición de presidente del TSJ (Ricardo Torres) y el ejecutante el TCP, da los instrumentos necesarios para otorgarse poderes más allá de la Constitución Política del Estado (CPE), ya que según la norma que rige, su mandato debió ser sustituido por nuevas autoridades electas, por voto ciudadano y no por decisión unilateral que los beneficia a sí mismos en perjuicio de la comunidad”, señala parte de la Querella presentada por Aruquipa.

ANTECEDENTES

El 11 de diciembre el TCP emitió la resolución 049/2023, en respuesta a la consulta constitucional presentada el 20 de septiembre por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, sobre las dudas de legalidad que tenían sobre el Proyecto de Ley 144/2022-2023 (Ley transitoria para las elecciones judiciales). Previamente, dicho proyecto fue aprobado por la mayoría en la Cámara de Senadores, luego, el mismo debía pasar a la Cámara de Diputados y luego ser votado en el pleno de la Asamblea Legislativa, pero ese proceso se interrumpió y se mandó el documento para su revisión al TCP.

El Proyecto de Ley 144 para las elecciones judiciales, entre otros puntos, planteaba que todos los magistrados dejen sus cargos el 3 de enero de 2024 y que el personal subalterno del TSJ, TCP, la Magistratura y el Tribunal Constitucional sean los encargados de realizar la “transición”, hasta la posesión de nuevas autoridades electas en las elecciones judiciales, cuya realización es incierta. Asimismo, se propuso suspender los plazos procesales durante ese tiempo.

Ambos puntos de ese proyecto de ley fueron declarados inconstitucionales por el TCP. Si bien Comunidad Ciudadana, Creemos y el ala evista del MAS presentaron otras propuestas, las mismas no fueron debatidas formalmente en la Asamblea Legislativa.

Pese a que la norma constitucional da un plazo de 30 días para que se resuelvan las consultas en el TCP, el magistrado a cargo del fallo, René Espada, emitió la resolución 049/2023 el pasado martes, luego de 51 días y declaró la “autoprórroga” de los 26 magistrados en sus cargos sin una fecha límite. Espada dio lectura del fallo en presencia y con respaldo de todos los magistrados del TCP, horas más tarde, sus colegas del TSJ y el Tribunal Agroambiental también emitieron pronunciamientos declarando su apoyo a dicha resolución.