Desde sus redes sociales, el exmandatario destacó sobre el resto, la iniciativa que dispone la anulación de la prórroga para las actuales cabezas de la justicia, señalando que la misma se trata de una “Declaración oficiosa” que vulnera la normativa vigente.
“Aprobación por el Senado de proyecto de Ley que anula la ‘autoprórroga’ de mandato de magistrados repone el Principio de Legalidad. La ALP debe concluir su trámite reconociendo supremacía de la CPE sobre una Declaración oficiosa del Tribunal Constitucional Plurinacional”, expresó Rodríguez.
El lunes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en sus estaciones, en grande y detalle, un proyecto para que los actuales magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional cesen en sus funciones a partir del 2 de enero de 2024.
La denominada “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” señala una serie de medidas a ser asumidas hasta la posesión de nuevas autoridades jurisdiccionales, elegidas mediante por voto popular.
El tratamiento de la ley surge luego que en días pasados el TCP haya emitido una Declaración Constitucional que declaró la continuidad de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se concreten las elecciones judiciales.
El parágrafo I, artículo 3, del proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la ley número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.
El senador “evista” del MAS, Miguel Rejas, informó que el proyecto de ley aprobado este lunes busca darle “certidumbre” al país para que se pueda garantizar que los actuales magistrados dejen sus funciones desde el próximo año.
Además de esta iniciativa, el pleno del Senado también aprobó un Proyecto de Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política, que declara de nulidad la Declaración Constitucional que permitió la “autoprórroga” dispuesta por el TCP.
En dichos artículos, se hace referencia al período de mandato y la imposibilidad de reelección, la cesación de funciones, al cumplimiento de mandato y al tiempo de permanencia y cesación para altas cortes.
Asimismo, se aprobaron modificaciones de la Ley 044, modificada por la Ley 612, con el objetivo de viabilizar un juicio de responsabilidades a las altas autoridades de justicia para que las sanciones no sean “una simple sanción administrativa, sino que también sean punitivas”.
“Tratándose de delitos cometidos en el ejercicio de funciones, la misma requiere la imposición de una sanción punitiva ejemplarizadora, conforme prevé el Código Penal”, sostuvo.