La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) pidió de manera formal que la Cámara de Diputados trate de manera urgente y con dispensación de trámite el proyecto de ley, mediante el cual se propone impedir la prórroga en el mandato de los magistrados judiciales. Sin embargo, el ala “arcista” ha descartado esa posibilidad.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado con dispensación de trámite. El mismo establece que los magistrados cesen en sus funciones el 2 de enero, como estaba previsto, dejando sin efecto su prórroga.
El jefe de bancada de CC, Enrique Urquidi, mandó una nota al presidente de la Cámara, el “arcista” Israel Huaytari, para solicitar que se aplique la dispensación de trámite y voto de urgencia para dicho proyecto de ley. Argumentó que el país se encuentra en emergencia, porque de consolidarse la prórroga sería un “golpe” y “ruptura constitucional”.
Según el Reglamento de Diputados, para aprobar una dispensación de trámite se requiere que el tema en cuestión haya cumplido el plazo en comisión o se refiera a hechos como desastre nacional declarado, calamidades públicas y conmoción interna.
“Solamente hay dispensación de trámite para el tratamiento de una ley cuando existe una catástrofe nacional declarada oficialmente. No es el fenómeno en este momento, por lo tanto lo que llega corresponde es que se cumpla el reglamento y el procedimiento tiene que ir a la comisión correspondiente”, dijo Mercado.
“En la Cámara de Diputados no existe ese elemento que pueda ser objeto de ser activado. La única manera de poder activar la dispensación de trámite si es que antes no se ha vencido el plazo en las comisiones, es si es que existiese un escenario de calamidad o desastre nacional”, acotó Jaúregui.
De no aceptarse el voto de urgencia, la ley debe pasar a una comisión para su tratamiento y luego recién al pleno de la Cámara.
Mercado ratificó que la intención es que se realicen las elecciones judiciales, pero las mismas requieren el tiempo necesario para realizar una “buena preselección”.
A su turno Jaúregui, advirtió que el proyecto de ley aprobado en el Senado tiene “muchos conflictos de constitucionalidadm habida cuenta de que la Constitución expresa de manera categórica como un derecho fundamentalismo el acceso a la justicia y también observa la imposibilidad de que se puedan delegar funciones a ciudadanos y ciudadanas que no fueron electas para esta responsabilidad”.
