Se trata de que el pueblo pueda elegir a aquellos magistrados más honestos. Así de simple

Pasan los días y no se atisba respuesta concreta y coherente ante el desafío de primera magnitud que los altos Tribunales de Justicia han protagonizado y desde luego, quitarle la gravedad no solo no es una buena estrategia, sino que eleva el riesgo.

Es verdad que la Asamblea Legislativa Plurinacional ha incumplido sus deberes al ser incapaz de armar una convocatoria coherente con los postulados constitucionales para renovar estos cargos, pero esa incompetencia no puede de ninguna manera ser llenada por los jueces, cuya función se limita juzgar, no a interpretar su se producen vacíos de poder y mucho menos a enmendarlos.

La separación de poderes nos puede gustar más o nos puede gustar menos; se le puede tener mayor respeto formal o menos, pero al final sus tiempos son necesarios. Posiblemente, ante la incapacidad, el órgano legislativo hubiera llegado a la conclusión de que era necesario ampliar el mandato de los jueces ya electos, que siempre es mejor solución a que el presidente posesione a sus amigos por decreto en calidad de “interino”, pero lo que no se puede hacer es sembrar jurisprudencia al calor de los hechos consumados cuando durante todo el año se ha intentado que esto finalmente pasara.

El voto popular nunca puede ser la excusa para desmontar un sistema. A los jueces se les eligió para un periodo determinado con la particularidad de que, además, no existe posibilidad de evaluar y juzgar su desempeño. Aferrarse a la condición de electo para justificar la ampliación no es correcto y nadie debería quedarse tranquilo.

Se trata del Tribunal que heredó aquello del derecho humano a la repostulación y también el que le dio el visto bueno al gobierno de Jeanine Áñez. ¿Qué se puede esperar entonces en el corto plazo?

Tal vez es cierto que a la población no le preocupa demasiado la elección, pero si les preocupa la Justicia, sobre todo porque es inexistente en tanto que si alguna vez llega, es tarde y, desde luego, no es esta Justicia la que garantiza la igualdad entre todos los bolivianos.

Seguramente hay muchas cosas que hacer para fortalecer el sistema, tal vez incluso invirtiendo más recursos y dotando de más medios, pero de nada servirán si los propios Magistrados no hacen respetar su condición, si no logran dar otra imagen que la de un eslabón más al servicio de los poderosos.

Tal vez la revolución de la Justicia no parta de las ánforas, tal vez no sea allí donde se logre iluminar a los aspirantes y darles las garantías para ejercer su trabajo apegados a la Ley, pero desde luego, donde no se va a concretar es en despachos oscuros mediante llamadas secretas.

Es el tiempo de los legisladores. Tienen tiempo para tratar de enmendar este despropósito sumando fuerzas para abrir una convocatoria de acuerdos mínimos que garantice la pluralidad y sobre todo, el acceso de los más cualificados. Se trata de que el pueblo pueda elegir a aquellos magistrados más honestos. Aquellos que ayudarán a que Bolivia pueda ser un territorio regido por la Ley y no por las roscas, las logias, los camarilleros y los corruptos.

Quienes miren de palco, serán cómplices.