El Senado aprobó ayer un paquete de tres leyes para evitar la prórroga de mandato de los magistrados actuales y para abrir la puerta a un juicio de responsabilidades con alcance penal en contra de altas autoridades judiciales. Los borradores de norma fueron enviados a la Cámara de Diputados, para su revisión y sanción.

El paquete de proyectos de ley fue remitido a la Cámara de Diputados, para que esta instancia las sancione y evite la prórroga de mandato de los magistrados, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional 049/2023 que les faculta a desempeñar sus funciones más allá de los seis años, que se cumple este 31 de diciembre, hasta que se elija a sus sucesores.

Los senadores Hilarión Mamani, jefe de bancada del MAS, Miguel Rejas (MAS) y Cecilia Requena, de Comunidad Ciudadana (CC), pidieron a la Cámara de Diputados la sanción de estas normas antes del receso parlamentario por fin de año que empieza esta semana.

Uno de los proyectos de ley aprobados en el Senado es “para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado».

Este proyecto tiene dos artículos. El primero, de “nulidad de Pleno Derecho”, establece: “Se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”.

El artículo 2 de este proyecto de ley, de “cesación de funciones”, ordena que “los magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.

El diputado Carlos Alarcón (CC), proyectista de esta norma, explicó que con esta normativa se pretende anular el artículo de la Sentencia Constitucional 049/2023 que permite la prórroga de mandato de los magistrados. Acotó que se establece plenamente que las actuales autoridades judiciales ya no deberán ejercer sus funciones desde el 2 de enero de 2024.

El Senado también aprobó el proyecto de Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta es una norma vital con la que se quiere garantizar el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial.

El objetivo de esta norma es la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.

El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero, según un reporte del Senado.

“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2. 

El otro proyecto de ley aprobado es el que modifica la Ley 044, de juicio de responsabilidades al Presidente, Vicepresidente y autoridades judiciales. Este medio buscó al senador William Torrez (MAS), proyectista de este proyecto de ley, pero el legislador se dispensó porque tenía otras ocupaciones.

El diputado Alarcón aclaró que no es el proyectista, pero indicó que entiende que con esta norma se busca reestablecer el carácter penal del juicio de responsabilidades en contra de magistrados, ya que con la actual norma sólo se tiene un alcance administrativo y de sanción disciplinaria.

El senador Mamani aseguró que estas tres normas no son inconstitucionales, ya que fueron redactados por técnicos.