El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en sus estaciones en grande y en detalle, un proyecto para que los actuales magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesen en sus funciones el 2 de enero de 2024. El documento fue remitido a Diputados para su consideración, reportó ERBOL.
La norma –propuesta por el senador William Torrez, del ala “evista”– fue tratada por dispensación de trámite, lo que viabilizó que pase directamente al pleno sin ingresar previamente por una comisión legislativa.
La petición logró el respaldo de más de la mayoría de sus colegas, hecho que se repitió en la votación en grande y en detalle.
Se trata de la “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” hasta la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular.
El tratamiento de la ley surge luego de que en días pasados el TCP emitió una Declaración Constitucional que declaró la continuidad de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se concreten las elecciones judiciales.
El parágrafo I, artículo 3, del proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la Ley número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.
CERTIDUMBRE
El senador “evista” del MAS Miguel Rejas informó que el proyecto de ley aprobado este lunes busca darle “certidumbre” al país para que se pueda garantizar que los actuales magistrados dejen sus funciones desde el próximo año.
“Nosotros hemos visto que es un atropello a la Constitución, pero más que todo a la democracia, porque ustedes saben muy bien que todos entramos por el voto popular y no puede ser que nos autoprorroguemos y seamos juez y parte en todos estos casos”, afirmó.
La norma, además, establece que el Órgano Judicial “continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y el ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional, ejercida mediante los tribunales departamentales de justicia en todas sus salas, incluidas las constitucionales, juzgados, tribunales de sentencia y juzgado agroambiental”.
La senadora “arcista”, Ana María Castillo expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado y lo tildó como “irresponsable” y advirtió que podría ser inconstitucional al quitar atribuciones a los magistrados y otorgar otras funciones a los secretario generales.
Las elecciones judiciales debían realizarse este año, pero los dos procesos de preselección fueron observados por la justicia retornando al punto de inicio.
Un tercer proceso, impulsado por un proyecto de ley desde el Senado, fue anulado porque el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional la propuesta normativa.
