El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este viernes que la prórroga de mandato de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) era la “única salida constitucional posible” ante un eventual “vacío jurídico” por las fallidas elecciones judiciales.

“La prórroga (de mandato) es la única salida posible en un ámbito constitucional, por eso, lo que tenemos que entender es que ni una ley ni un decreto son posibles”, explicó.

Argumentó que no se pueden “cerrar los tribunales, ni se puede suspender los plazos, ni se le puede decir a la gente: esperen seis meses para resolver sus problemas. Tiene que darse una solución y la solución que ha planteado el Tribunal Constitucional es de prórroga basada en ese derecho fundamental que tiene la gente a que se le dé solución a sus problemas”.

El 12 de diciembre, la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que las actuales autoridades judiciales permanezcan en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales, y declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley de preselección que se aprobó en el Senado.

Con su decisión, prolongó el mandato de los 26 magistrados y consejeros que integran el TCP, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura.

Al respecto, el jueves, el presidente Luis Arce recordó que “la Constitución Política del Estado establece claramente que (la preselección de los candidatos al Órgano Judicial y al TCP) es un tema del Órgano Legislativo, ellos son los que en realidad han generado todo este problema, no nosotros como Gobierno Nacional ni nuestra bancada”.

A partir de la sentencia, en la Asamblea Legislativa surgieren dos frentes, algunos legisladores llamaron a reactivar el debate de un proyecto de ley para realizar el proceso de preselección y las elecciones judiciales en 2024, mientras que otros impulsan la posibilidad de enjuiciar a los magistrados del TCP por prorrogar su mandato.

En una explicación constitucional, Lima indicó, en el programa Asuntos Centrales, que el artículo 203 de la Constitución establece que la “interpretación de la Constitución la hace el Tribunal Constitucional, esto es un principio que rige nuestra Constitución”.

“No puede ser inconstitucional algo que emite por mandato de la Constitución el Tribunal Constitucional, no existe esa posibilidad. Cuando uno tiene una duda de inconstitucionalidad… el máximo intérprete de nuestra Constitución es el Tribunal Constitucional, en su sala plena los nueve magistrados pueden interpretar y decidir en materia en las que existe duda de constitucionalidad, por lo tanto, no puede darse una interpretación alejada del 203”, argumentó.

Además, enfatizó que la obligación del Órgano Ejecutivo, en cuanto a las elecciones judiciales, está “restringida a asegurar los recursos económicos necesarios para hacer la elección, garantizamos los 183 millones de bolivianos necesarios, y el tema de la preselección se le atribuía a la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

“La única manera de elegir a un juez de los 26 cargos que tienen las altas cortes de Bolivia, es con la preselección con 2/3 de votos y el voto popular, ningún otro camino es constitucional”, insistió.