El TCP mantiene pendientes acciones anteriores a la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley de elecciones judiciales que no son resueltas y algunas llevan años, como la Acción de Inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía. También está el recurso contra la reelección, la demanda contra el estatuto del MAS y otras que duermen el “sueño de los justos”.
En diciembre 2019, la diputada Norma Piérola, presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA) en contra de los juicios en rebeldía en Bolivia con la que pretendía dejar sin efecto el artículo 91 Bis y 344 del Código de Procedimiento Penal y de la ley 004 de Lucha contra la Corrupción, que permiten el juzgamiento en ausencia de los servidores públicos que se encuentran fuera del país.
Según la página oficial del TCP, el caso está en manos de un magistrado relator y el último memorial que ingresó fue el 12 de octubre de 2021 presentado por el vicepresidente David Choquehuanca con un apersonamiento al proceso.
La sentencia constitucional 084/2017 que avaló la reelección de Evo Morales para una cuarta repostulación sigue vigente y pese a que connotados juristas del país plantearon memoriales para que el TCP deje sin efecto este fallo, eso no ocurrió.
En marzo de 2022, el diputado de Comunidad Ciudadana Marcelo Pedrazas presentó una Acción Popular para la anulación de la sentencia constitucional 084/2017, relacionada con la reelección indefinida.
El parlamentario apeló a la opinión consultiva 28/21 de la Corte IDH, que en octubre de 2019 estableció que “la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por el ‘corpus iuris’ del derecho internacional de los derechos humanos”.
En febrero este año, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, en audiencia denegó la tutela con la que ratificaba que la reelección en Bolivia sigue siendo un derecho humano.
Desde marzo de este año este expediente se encuentra en revisión en el TCP en despacho de un magistrado, según la página web del tribunal.
Otros dos temas pendientes de resolución en el TCP son las dos acciones de inconstitucionalidad en contra de artículos del Estatuto del MAS-IPSP que avalan el liderazgo único de Evo Morales y que fue planteado por los parlamentarios que respaldan al presidente Luis Arce.
El diputado Rolando Cuéllar interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Concreta (AIC) el 22 de abril de 2022 y a la fecha sigue en manos de un magistrado relator, que tiene que hacer el proyecto de sentencia.
Por su lado, la diputada por Santa Cruz Deysi Choque interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (AIA), el 11 de enero de 2023, y la misma también se encuentra en manos de un magistrado relator, según se muestra en la página web de esta institución.
En cambio la consulta previa de constitucionalidad del proyecto de ley de elecciones judiciales, fue planteada por el presidente del TSJ, Ricardo Torres, ante el TCP el 20 de septiembre de este año y los magistrados del Tribunal Constitucional se pronunciaron luego de 52 días, declarando inconstitucional ese proyecto de ley y disponiendo la prórroga de las autoridades de los altos tribunales de justicia y del Constitucional hasta que se elijan por voto a los reemplazantes.
