Con la ampliación de mandato de los magistrados de los altos tribunales de justicia del país, las autoridades preparan los actos de inauguración del Año Judicial y Constitucional a 14 días de la finalización de este año. El presidente del TSJ, Ricardo Torres, anunció que este acto se desarrollará el 2 de enero con la presencia de las autoridades nacionales e invitados especiales.

Mientras, el Conade anunció una manifestación de protesta para evitar que los magistrados que ya cumplieron su mandato en los altos tribunales de justicia sigan ejerciendo. 

Los actuales magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y consejeros de la Magistratura seguirán en el cargo con la ampliación de mandato dispuesta por el TCP, a través de la Declaración Constitucional 0049/2023, hasta que la Asamblea Legislativa encamine la elección de los nuevos magistrados y consejeros. 

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, informó a CORREO DEL SUR que en cumplimiento de la ley el acto de inauguración del Año Judicial se debe cumplir el primer día hábil del año, el 2 de enero.

“Corresponde, por mandato legal, inaugurar el Año Judicial en el primer día hábil que es el 2 de enero de la gestión 2024 y, obviamente, como todos los años, con todas las formalidades, el informe que debe presentarse en Sala Plena en el momento de la inauguración del Año Judicial corresponderá hacer en esta gestión lo mismo que el anterior año, con la presencia de todos los órganos del Estado”, señaló.

BUNKER PLANTEA QUERELLA

El Búnker Tercera República señaló que planteó una querella contra las cabezas de la Asamblea Legislativa y la ampliará a los jefes de bancada porque los considera responsables del fallo del TCP que prorroga el mandato de las autoridades judiciales. 

Agustín Zambrana, uno de los miembros del Búnker, considera que el país está atravesando un “golpe judicial” y una crisis institucional en el Órgano Judicial y el TCP porque este año no habrá elecciones judiciales y la Asamblea Legislativa y el TCP pretenden corregir esta situación con la prórroga.

“Por eso el Búnker ha hecho una querella penal contra la Asamblea Legislativa Plurinacional, los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados y David Choquehuanca como presidente nato de la ALP”, señaló Zambrana.

Anunció que en los próximos días habrá una ampliación de querella a los jefes de bancada de las fuerzas políticas, a los presidentes de comisiones legislativas que no velaron por la realización de las elecciones judiciales.

Indicó que la querella fue presentada en la Fiscalía Departamental de La Paz para sentar un precedente de que un “violador que es el Órgano Judicial, se case con la persona que ha violado (la Constitución) y el Legislativo lo permita todo con una ley corta”.

AMPLIACIÓN

Este año, las 26 autoridades del Órgano Judicial y del TCP se quedarán en el cargo por un tiempo indefinido hasta la elección de nuevas autoridades.

Conade anuncia protesta el 2 de enero, en Sucre

El Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) prepara una movilización en Sucre para el día de la inauguración del Año Judicial 2024. 

El portavoz del Conade, Manuel Morales, informó este domingo a Correo del Sur Radio que se tratará de una movilización en la que la población debe tomar una “acción directa” ante la comisión de un delito en flagrancia por parte de los magistrados que habiendo cumplido su mandato pretenden seguir en funciones. 

“Si el 2 de enero un magistrado que ya no tiene competencias constitucionales ni legales se atrevería a usurpar cargos, nosotros planteamos que debe hacerse una acción directa y que todos los actos que cometan van a ser nulos de pleno derecho y todos los funcionarios que colaboren con estos magistrados van a ser cómplices y pasibles de denuncias penales”, remarcó.

El activista advirtió que el “golpe judicial y la usurpación de mandato” por parte de los magistrados tendrá graves consecuencias en la resolución de causas, toda vez, que el artículo 122 de la Constitución establece: son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley”. Es decir, todo lo que hagan va a ser objeto de nulidad y de procesos posteriores.