¿Cuándo se realizarán las elecciones judiciales?, es la pregunta que la Asamblea Legislativa no se atreve a responder con certeza. Mientras los órganos Ejecutivo y Judicial conformaron un solo frente que respalda la decisión de la auto prórroga de los magistrados, los legisladores navegan a la deriva porque mientras unos se ocupan en preparar juicios de responsabilidades, otros manejan fechas sin que ni siquiera se haya acordado realizar los ajustes de los artículos observados del proyecto de ley número 144 de elecciones judiciales.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, que es del bloque ‘arcista’, calculó que se necesitarían unos 230 días para que se realicen las elecciones judiciales: 80 para la preselección y 150 días para que Tribunal Supremo Electoral realice todo el proceso eleccionario, desde la convocatoria hasta dar los resultados.

“Con el fundamento del fallo y la observación en el sentido de que no se podrían reducir los plazos (…) estamos hablando de 230 días. Son alrededor de siete meses y 20 días”, dijo el legislador. Agregó que con ese cálculo las elecciones pueden realizarse en agosto de 2024.

Es decir, que por lo menos ese mismo tiempo, los actuales magistrados permanecerán en sus cargos. Este tiempo se calcula tomando en cuenta una rápida aprobación del proyecto de ley 144 ajustado.

En esa línea, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que desde el Ejecutivo están garantizados los recursos económicos- que no se utilizaron en esta gestión para las judiciales – para que en 2024 se realice el proceso eleccionario por voto popular. Son más de 183 millones de bolivianos, según Lima.

“La única manera constitucional que existe en el país de reemplazar a los magistrados y consejeros es con la elección por dos tercios de voto en la Asamblea que es el único responsable de esta acción”, dijo Lima.

Sobre los anuncios del Legislativo de empezar el proceso para aprobar un juicio de responsabilidades contra los magistrados, el ministro Lima salió en defensa de las autoridades judiciales que se prorrogaron y desahució cualquier posibilidad de que desde el Senado se inicie un caso de corte.

“Lejos de pensar en hacerles juicios o procesos que no tienen futuro, lo digo con total precisión. ¿cómo podrías siendo el Senado, hacerles juicio a los magistrados siendo que de acuerdo a nuestra Constitución el Senado es el juez.

 Estamos en un extraño caso de que quieren ser juez y parte”, dijo Lima en Santa Cruz de la Sierra.

Según el análisis del abogado constitucionalista, Israel Quino, el Legislativo debe validar con una ley la auto prórroga de los magistrados en cumplimiento del artículo 115.III del Código Procesal Constitucional. Es decir, el fallo de la consulta de constitucionalidad del proyecto de ley 144 es de cumplimiento obligatorio, por lo que esta instancia “debe adecuar o eliminar las normas observadas (declaradas inconstitucionales) por el TCP” de la ley de elecciones judiciales.