En medio del escándalo generado con la autoprórroga de las principales autoridades judiciales, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Bolivia y expresó su preocupación por el “escaso avance” en la reparación de las violaciones a los derechos humanos producto de la crisis política y social de 2019. La CIDH hace seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos (GIEI), y buscará reactivar los casos que fueron archivados, olvidados y que no encontraron culpables desde el 2019.

La preocupación del comisionado se debe a que existen graves violaciones a los derechos humanos groseramente impunes, lo que impacta directamente en el acceso a la justicia de las víctimas. El ministro Iván Lima reconoce que el gobierno de Luis Arce está comprometido a reparar los daños a las víctimas de 2019 y que volverá a reunirse con las víctimas de Senkata y Huayllani (Sacaba) para escuchar nuevamente sus testimonios.   

El comisionado de la CIDH no solo se mostró preocupado por la impunidad reinante en Bolivia, sino también por la falta de independencia del poder judicial y espera que las elecciones se realicen con total transparencia. El organismo internacional no solo hace seguimiento a la reparación a las víctimas sino también a las reformas estructurales que tienen que ver con la reforma judicial.

El gobierno de Luis Arce Catacora no solo que no quiere reconocer que el modelo judicial del MAS ha fracasado sino también ha buscado (y conseguido) bloquear cualquier intento de transformación de este Órgano del Estado. Al margen de anunciar una “cumbre judicial”, no se ha avanzado (ni un milímetro) en el imprescindible proceso de la reforma judicial.

En esta línea, la autoprórroga de las principales autoridades judiciales, aleja cualquier transformación judicial. La controvertida sentencia constitucional no sólo que se ha inventado una prórroga (porque nadie la pidió ni era parte de la pretensión), y ha reconocido interinatos que están prohibidos, sino también porque no establece límite alguno. La resolución dispone que las actuales autoridades de las Altas Cortes continúen hasta que se realicen las elecciones judiciales.

La decisión del Tribunal Constitucional viene a confirmar que al gobierno de Luis Arce no le interesa la designación de nuevas autoridades judiciales, menos comenzar un verdadero proceso transformador del sistema de justicia, por la sencilla razón que los conflictos políticos al interior del MAS, le conviene que sean conocidos y resueltos por las autoridades prorrogadas. La legitimidad del congreso de Lauca Ñ, la sigla política del MAS, la inhabilitación y posible eliminación del liderazgo histórico, la candidatura presidencial en las elecciones generales de 2025, entre otros inminentes conflictos políticos, Luis Arce quiere que sean resueltos por las autoridades autoprorrogadas y en función de sus intereses partidarios. La angurria de poder está por encima de los valores y principios democráticos y del Estado Constitucional de Derecho. 

La falta de independencia judicial no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la ley de la selva, sino además pone en duda la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Pero la solución no pasa sólo por cambiar a las principales autoridades judiciales. Hay que fortalecer al Órgano Judicial, al Ministerio Público, a la Policía y al sistema carcelario en su conjunto. Y este fortalecimiento pasa por reconocer la meritocracia, los cargos vitalicios, exámenes de competencia y oposición, el funcionamiento real de la “Escuela de Jueces del Estado” y la evaluación periódica de forma que se cualifique la formación y capacitación permanente de los jueces, fiscales, y policías. Se necesita institucionalizar la carrera judicial y fiscal, para terminar con los jueces y fiscales a carrera.

La autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, son algunos de los grandes desafíos que debe resolver el Estado para comenzar un verdadero proceso de reformas y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable, imparcial y competente.