Dos abogadas de reconocida trayectoria en el foro académico coincidieron en afirmar que la Declaración Constitucional 049/2023, emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, prorrogando de manera indefinida el mandato de los magistrados del Órgano Judicial, fue un golpe certero a la democracia porque viola el Estado de Derecho y la Constitución Política del Estado.

Fátima Tardío, exdecana y docente de la facultad de derecho de la UMSA, y Gisela Derpic, abogada constitucionalista, compartieron este domingo el panel de "Hagamos Democracia" de la red Erbol para analizar el proceso de selección de candidatos a magistrados en manos de la Asamblea Legislativa y el rol del Tribunal Constitucional, identificando delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y violación al principio de no ser juez y parte en un proceso legal.

Derpic sostuvo que la consulta previa enviada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al TCP sobre la constitucionalidad del proyecto de ley enviado por la Asamblea, en torno a las elecciones judiciales, fue una consulta de compadres preguntando “¿nos quedamos o nos vamos?” y el Tribunal Constitucional, en buen castellano, respondió: “nos quedamos”.

Explicó que los magistrados del TCP firmaron una Declaración sobre la que tenían interés particular, cometiendo el delito de “prevaricato que ha sido digitado y armado desde el Órgano Ejecutivo”. A su vez, el Legislativo incurrió en el delito de incumplimiento de deberes siendo el mayor responsable el presidente de la Asamblea, David Choquehuanca, quien ha inviabilizado las elecciones judiciales que deberían realizarse este mes de diciembre, acotó.

Dijo que “esta colección” de diputados y senadores “ha fallado por la emboscada de un poder que tiende a reproducirse con gravísimo desmedro de los intereses de la democracia, del Estado de Derecho y del ciudadano que sufre la podredumbre judicial”.

Fátima Tardío considera que los errores cometidos por la Asamblea, durante el proceso de convocatoria, fueron hechos intencionalmente para que cualquier asambleísta pueda impugnar ante el Tribunal Constitucional y de esa manera retrasar la elección de magistrados. Dijo que incluso las consultas previas, sobre determinado proyecto de ley, también fueron hechas con el mismo propósito.

Sostuvo que es increíble la actitud de los diputados y senadores, que fueron elegidos para hacer leyes, consultando al Tribunal Supremo de Justicia si el proyecto de Ley 144 está bien hecho. Indicó que, para ensanchar la cadena de intenciones, el TSJ trasladó la consulta previa al TCP preguntando: “compadre, esto me mandaron de la Asamblea ¿Qué opinas?”.

En sus observaciones de fondo, Tardío dijo que el Tribunal Supremo de Justicia no podía elevar en consulta previa al Tribunal Constitucional porque no se trataba de una ley referida a la administración de justicia, porque el proceso de convocatoria no tenía nada que ver con esto y lo correcto era rechazar la consulta porque no cumplía los requisitos dispuestos por la Constitución Política del Estado.

Sostuvo que la Declaración del Tribunal Constitucional ya debería ser declarada nula porque no salió dentro de los plazos procesales, pero acabó sacando una resolución de “las más funestas de la historia de Bolivia porque, primero, nadie, ni el Tribunal Supremo de Justicia, menos el Tribunal Constitucional, pueden prorrogar a ninguna autoridad en este país”.

Indicó que, bajo esa lógica, el día de mañana el TCP puede prorrogar el mandato del presidente del Estado otros cinco años, solo por el hecho de que le cae bien.

Remarcó que “nadie puede prorrogar mandato y menos prorrogarse a sí mismo, porque al hacerlo vulnera el principio de juez y parte y, segundo, porque estos guardianes de la Constitución no podrían destrozar la Constitución, pero de un plumazo han modificado la Constitución y han destrozado la democracia”, afirmó.

Ambas panelistas coincidieron en indicar que la ciudadanía debería estar aterrorizada por esta situación y debería sentirse ofendida por este “golpe certero al Estado constitucional de derecho, a la democracia y a la justicia”, y consideran que lo correcto era que los magistrados, el próximo 2 de enero, se vayan a su casa al haber cumplido su mandato constitucional.