Como era previsible, los MASistrados, por sí y ante sí, se prorrogaron en sus cargos hasta que sus reemplazantes, surgidos de elecciones, los ocupen. Como no hay visos de que eso pueda ocurrir próximamente, tal “tiempo extra” puede extenderse desde meses hasta años.

¿Tendría que sorprendernos? Hasta la pregunta es absurda. En las entrevistas a las autoridades judiciales en ejercicio, ninguna sentenció, como correspondía hacerlo, “nuestro mandato fenece el 31 de diciembre; luego de esa fecha dejamos de ejercer la magistratura”. Al contrario, de manera implícita, sobre todo el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, denotaban unas ganas locas de prorrogarse hasta las calendas griegas.

¿Es de entera responsabilidad suya este despropósito? De ninguna manera; el asunto es  consecuencia última de una serie de barbaridades cometidas a lo largo, no de recién, sino de lustros de manoseo judicial. Es el acabose de la justicia “estadoplurinacionalizada”.

Mandar en consulta al TCP la resolución del intríngulis del Órgano fue entregarle el regalo que éste acepto con deleite. Los tribunos optaron por la fórmula “ni para ti, ni para ti; para mí” pasándose por alto prescripciones constitucionales, éticas y de sentido común.

Lo curioso de todo ello es que tales “autoridades” son ilegítimas de origen, como lo fueron quienes les precedieron. Cabe recordar que, en los dos procesos electorales de carácter judicial, la suma de votos nulos y blancos superó ampliamente al de votos “válidos” que, repartidos entre los “seleccionados”, fueron inferiores, en algunos casos, al número de votos de una liga barrial de fútbol de salón.

La raíz del problema, como se puede colegir, es el propio sistema de acceso a la magistratura, o sea las dichosas elecciones judiciales que, mientras sigan consignadas en la Constitución no queda otra que realizarlas.

Hay ciertas instituciones, y el Órgano judicial es una de ellas, en las que las jerarquías se definen por meritocracia o por escalafón; son verticales por la naturaleza de sus funciones. Cuando se debatía la pertinencia de incluir la elección popular para los aspirantes a una dignidad en la magistratura, comenté, con sarcasmo, que era como convocar a elecciones para la comandancia en la FFAA: un suboficial podría conseguir gran apoyo “popular” y ser ungido como Comandante. Otro aspecto, que se supone que la elección quería evitar, pero acabó acentuándolo, es el del patrocinio partidario a ciertos postulantes.

El argumento que usó el régimen para introducir en la CPE tal elección fue el de “ampliar la participación” en la justicia. Ocurre que una vez “elegidos”, los MASistrados actuaron en función del régimen que los apadrinó y la “participación” concluyó cuando el ciudadano introdujo su voto (mayoritariamente nulo o blanco, repito).

La mejor experiencia de participación ciudadana en la administración de justicia fue la de los jueces ciudadanos –lo digo con convicción porque me tocó en suerte asumir la responsabilidad en una oportunidad- que el régimen masista borró de un plumazo, con un argumento pueril.

Lo gracioso es que quienes crearon al monstruo, hoy se rasgan las vestiduras ante la crisis judicial, tal como lo hacen con la crisis económica. ¡Fariseos!

El tiempo ha dado la razón a los “abogados independientes”: la salida a este entuerto era un referéndum para la reforma constitucional, que no caló en la ciudadanía, amén de la consigna oficialista de no apoyar “a la derecha”. No se consiguió el número suficiente de firmas y aquí estamos…