Luego que el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, rechazara cualquier tipo de responsabilidad por parte del Órgano Ejecutivo en el retraso prolongado y paralización de las elecciones judiciales, apuntando a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por haber “generado este problema”, desde la presidencia de esa instancia se señaló que esta instancia actuó oportunamente en la emisión y aprobación de herramientas normativas, para hacer efectiva una convocatoria y preselección de candidatos para estos comicios.
Mediante un comunicado emitido por la Vicepresidencia del Estado, así como la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, esta instancia rechazó las versiones que apuntan responsabilizar al Órgano Legislativo por todos hechos y acciones que retrasaron y finalmente paralizaron la preselección de candidatos a magistrados de altas cortes, señalando que fueron una serie de Acciones de Defensa, inconstitucionalidad y de consulta previa, las que demoraron el señalado proceso.
“Cumple tener presente que la normativa aprobada y proyectada en la legislatura 2022-2023 para el proceso de Convocatoria para la Postulación y Preselección de Candidatos a esos cargos, consideró los precedentes de las gestiones 2011 y 2017, procesos que concluyeron exitosamente con elección de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, aclara la nota.
Asimismo, se señaló que, asumiendo los desafíos y nuevos entendimientos que expresa la Declaración Constitucional Plurinacional 049/2023, se recomienda a las Cámaras que componen el Parlamento nacional, trabajar en la aprobación de un nuevo reglamento y convocatoria para el proceso de preselección de candidatos a magistrados, cumpliendo estrictamente con todos los procesos legislativos para este fin.
“Las Cámaras de Senadores y Diputados asumir de forma inmediata los procesos legislativos correspondientes para emitir y aprobar una nueva Convocatoria para la Preselección de Candidatos a los cargos de Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”.
La aclaratoria surgió tras diversas declaraciones de actores políticos y autoridades, atribuyendo al Órgano Legislativo la imposibilidad de gestión para ejercicio de sus atribuciones constitucionales.
El jueves, durante un encuentro con periodistas, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, negó cualquier tipo de responsabilidad del Gobierno nacional en el fracaso de las Elecciones Judiciales en esta gestión y afirmó que este proceso, por Constitución, es una atribución de la Asamblea Legislativa.
“Nosotros lo hemos dicho siempre. ¿De quién es la responsabilidad de la elección de los magistrados y todo el Órgano Judicial?, ¿Es responsabilidad del Gobierno nacional? No. La Constitución Política del Estado establece claramente que es un tema del Órgano Legislativo, ellos son los que en realidad han generado todo este problema, no nosotros como gobierno nacional, ni nuestra bancada”, expresó el primer mandatario.
Asimismo, indicó que si el proceso hubiera concluido con éxito, en este momento “ya deberíamos estar con los resultados de las elecciones del Órgano Judicial”, sin embargo, esto no ocurrió, y surgieron versiones políticas que tratan de responsabilizar por esa situación al Gobierno.
“Si la población está creyendo que la elección de los magistrados y todo el Órgano Judicial va resolver el problema de la justicia en nuestro país, se equivoca. Nuestro criterio es que no se resuelve con las Elecciones Judiciales el problema de la justicia”, dijo.
Las declaraciones de Arce, también se enfocaron a responder a políticos de oposición que apuntaron a una supuesta acción del Gobierno para evitar cambios en la justicia y promover la denominada “autoprórroga” de magistrados.
Desde la agrupación Creemos, el senador Henry Montero, había advertido que con el fracaso de los comicios judiciales en esta gestión y la declaración de “autoprórroga” de magistrados, el Gobierno se prepara para gobernar el país con el TCP y ya no con la ALP.
“Han cambiado el sistema de gobierno, porque hoy el Ejecutivo va gobernar con el Tribunal Constitucional y no con la Asamblea Legislativa, seguramente lo único que nos va a dejar a la Asamblea es aprobar los créditos”, sostuvo.
En la misma línea, el diputado cruceño Walthy Egüez, aseguró que “esto no se resolvió desde el Tribunal Constitucional, sino que fue digitado desde Palacio de Gobierno y las instrucciones son claras”.
Desacreditando la determinación del TCP, Egüez anticipó que la actitud del Gobierno de utilizar al TCP para sus propios fines, tendrá duras consecuencias para el Ejecutivo, ya que nuevamente se pretende burlar el Estado de Derecho.