Los magistrados del Órgano Judicial debían cesar en sus funciones el 2 de enero de 2024, sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó prorrogar el mandato de estas autoridades judiciales hasta que se materialicen las elecciones judiciales.

Esto equivale a decir que miembros del Órgano Judicial definieron seguir en sus cargos hasta que se dé luz verde a los comicios judiciales que se debió realizar esta gestión, pero que no se llevó adelante por falta de acuerdos entre los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas y porque se interpusieron varios recursos legales.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Órgano Judicial, para justificar la prórroga de los magistrados, es que no se puede dejar un vacío de poder, es decir, cargos vacantes en esta institución que tiene la misión de impartir justicia.

Sin embargo, para la oposición y el ala “evista”, los magistrados del Órgano Judicial procedieron a “autoprorrogarse”, es decir, decidieron, como jueces y parte, continuar en sus cargos por tiempo indefinido, toda vez que no se tiene certeza de cuándo se llegará a un acuerdo para la realización de las elecciones judiciales, o si se interpondrán recursos para evitar que sea aprobada una norma que posibilite, en primer lugar, la preselección de los candidatos.

Elegir a los nuevos magistrados para renovar el Órgano Judicial, mediante comicios, es un tema urgente, pero que no se puede llevar a cabo hasta ahora porque hay intereses particulares y partidarios que no permiten que este proceso siga su curso.

El Tribunal Constitucional no solo definió que los magistrados continúen en sus cargos, sino que también declaró la inconstitucionalidad de la ley que aprobó el Senado para la preselección de candidatos como parte de las elecciones judiciales.

Una salida a este problema es que los asambleístas de las diferentes fuerzas políticas decidan dialogar para aprobar las normas que sean necesarias, con el fin de encauzar las elecciones judiciales, dejando de lado sus intereses sectoriales y a sus potenciales candidatos.

El proceso de preselección de candidatos, como punto de partida, debe tener el objetivo de encontrar a los profesionales mejor preparados, de modo que cuando se llegue a la etapa de las elecciones, la población pueda elegir entre lo más selecto y no solo entre quienes gozan de algún aval político.

Es apremiante que se designe a las nuevas autoridades judiciales, no solo porque estas cumplieron ya sus funciones, sino porque la justicia necesita una urgente renovación para que los bolivianos que llegan por diferentes motivos a los estrados judiciales tengan realmente justicia equilibrada.