Desde quitar la obligación de renunciar tres meses antes del día de la elección para ser candidatos en las elecciones generales hasta determinar la prórroga de mandato de los magistrados, para evitar el vacío de poder, forman parte de los ocho fallos emitidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que beneficiaron al Gobierno de turno

La Agencia de Noticias Fides (ANF) indagó y recopiló los fallos, en los que demuestra el proceder de los magistrados, luego de que este lunes aprobaron la declaración constitucional 0049/2023 en el que determinaron prorrogar su mandato, al igual que de los magistrados del Órgano Judicial hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos para realizar las elecciones judiciales.

El 9 de julio de 2019, durante el Gobierno de Evo Morales, el TCP expuso la Sentencia constitucional 0032/2019 en el que eliminó la obligatoriedad de renunciar tres meses antes de las elecciones para las autoridades que fueron electas por voto, que pretendan repostular a un cargo electivo.

En esa oportunidad argumentaron que se debe dar aplicación preferente del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siguiendo el criterio de favorabilidad, el principio y valor igualdad y permisión que establece la constitución.

El 7 de mayo de 2021, a través de la sentencia constitucional 087/2021 se dejó sin efecto la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales como senador por Cochabamba en las elecciones de 2020. Además, dispuso la indemnización económica por daños civiles y judiciales. Esa resolución se conoció recién en marzo de 2022.

El 31 de marzo de 2022 se conoció otra sentencia del TCP en la que declaró de inconstitucional a los decretos supremos 4291 y 4306 que establecían el ascenso de forma directa a generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, aprobado durante el gobierno de Jeanine Añez. Al igual que en el anterior caso, esa determinación fue emitida el 7 de mayo de 2021.

La demanda la interpuso la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, porque los decretos “usurpaban” las funciones del Legislativo.

El 17 de marzo de 2022, el TCP declaró inconstitucional y expulsó del ordenamiento jurídico el delito de sedición, por lo que ninguna persona, a partir de esa sentencia, puede ser acusada por esta figura penal. Sin embargo, rechazó la demanda de inconstitucionalidad para el retiro del tipo penal de terrorismo.

El 19 de abril de este año, esa instancia judicial emitió un fallo donde se eliminó la prohibición de que los ministros censurados puedan ocupar cualquier cargo público por tres años, tal como establecía la Ley 1350 que regula los efectos de censura por la Asamblea Legislativa y promulgada en septiembre de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa.

El 21 de septiembre, el TCP admitió revisar la constitucionalidad de la Ley 1350 que regula los efectos de censura, luego que un Tribunal de garantías de La Paz dejó sin efecto la interpelación de ocho ministros de Luis Arce, dejando sin efecto ese proceso de fiscalización en el ente legislativo. Hasta el momento no existe una resolución al respecto.

El 27 de abril de 2023, el Tribunal suspendió las elecciones judiciales al admitir un recurso abstracto de inconstitucionalidad presentado por el diputado de Creemos Leonardo Ayala contra la convocatoria a elecciones judiciales. Desde entonces el proceso judicial se truncó y derivó la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.

Al respecto, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez afirmó que, desde la llegada del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder y la elección de las autoridades judiciales, a través del voto popular, la justicia se politizó. Aseguró que el TCP es el ente que vulneró con mayor incidencia la Constitución Política del Estado.

“El TCP se cambia de camisa del que ostenta el poder, en este caso han estado con la camisa azul desde que hubo la primera elección en el 2011 y en la segunda de 2017. Al mismo tiempo se cambiaron la camisa cuando Jeanine Añez asumió el poder, por lo tanto, estamos en un país donde la Constitución ha sido pisoteada por aquel que la interpreta y donde la ley no tiene valor”, declaró el asambleísta a la ANF.

Expresidentes de Bolivia, políticos, abogados constitucionalistas, asambleístas de la oposición y del MAS, ala evista, además de otros sectores, manifestaron su rechazo a la prórroga de los magistrados y coincidieron en plantear un juicio de responsabilidades por vulnerar la Constitución, sin embargo, el Gobierno justificó la resolución del TCP.