Ven que intentos del Gobierno para manipular al TCP, tendrá duras consecuencias para el Ejecutivo por burlar Estado de Derecho.
El diputado por la agrupación Creemos, Walthy Egüez, sostuvo que la determinación de “autoprórroga” en sus funciones, dispuesta por los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), fue digitada desde el palacio de gobierno, por el Órgano Ejecutivo, para servirse de un sistema judicial “corrupto” que le permita no perder los negociados que laceran la economía nacional y a la propia sociedad civil.
“Esto no se resolvió desde el Tribunal Constitucional esto está digitado desde Palacio de Gobierno y las instrucciones son claras”, dijo enfático tras señalar que esta medida inconstitucional es parte del plan del Gobierno para que no se realice la elección de nuevas autoridades judiciales y del TCP.
Egüez, tras desacreditar la determinación del TCP que, mediante Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 del 11 de diciembre de 2023, dispuso su prórroga, señaló que la medida avergüenza a los propios “masistas” que ven en el sistema democrático la vía correcta para mantenerse en el poder.
“Por supuesto que deben haber algunos masistas que les da vergüenza cargar con este poder judicial corrupto, por eso hay algunas voces disonantes de varios ‘masistas’. El Gobierno hizo alianza con algunos supuestos opositores para alargar los tiempos para que no hayamos tenido las elecciones judiciales”, encaró el legislador.
En esta línea, anticipó que la actitud del Gobierno que utiliza al Tribunal Constitucional para sus propios fines tendrá duras consecuencias para el Ejecutivo, porque una vez más pretende burlar el Estado de Derecho.
Desde el oficialismo, el diputado Juan José Jáuregui, señaló que, más allá de los componentes políticos, el fallo del TCP es de cumplimiento obligatorio.
“El artículo 203 de la CPE señala que una decisión del TCP es de cumplimiento obligatorio. Lo único que nos queda a nosotros es cumplir esa determinación”, expresó.
Desde el Senado, se conformó una comisión destinada a defender la institucionalidad de la ALP, sin descartar el inicio de un juicio de responsabilidades contra miembros del TCP.