El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a las organizaciones de la sociedad civil, políticas y cívicas a realizar “acciones conjuntas” para derrotar a los magistrados “usurpadores”, que dieron un “golpe de Estado” con su decisión de “prorrogarse”.

“El Conade convoca a las organizaciones de la sociedad civil, fuerzas políticas democráticas, movimiento cívico nacional, plataformas ciudadanas, bloque de unidad, organizaciones universitarias y a la comunidad de compatriotas que viven en diferentes países a realizar acciones conjuntas para derrotar a los exmagistrados usurpadores”, se pronunció.

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Señaló que el TCP decidió realizar un “asalto” al Órgano Judicial y usurpar los cargos. “No es una prórroga es un verdadero golpe de Estado”, sentenció.

Por decisión de los magistrados del TCP, de manera contraria a la Constitución Política del Estado, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional se quedarían en sus cargos hasta que se realicen las elecciones judiciales.

Manifestó que a partir del 3 de enero de 2024, los cargos de todos los magistrados “deben ser ocupados por autoridades electas por el voto popular a través del proceso de elecciones democráticas, tal como establece la Constitución Política del Estado.

“Si se diera el acto de usurpación, en los hechos, es obligación de la ciudadanía y de los órganos del Estado impedir, por todos los medios, este acto ilegal”; y cuestionó que el TCP pretende convertirse en un “supra poder” algo inaceptable en democracia.

Conade sostiene que los orígenes de esta actitud “delictiva” nacen de la postulación de Paul Enrique Franco Zamora, René Yván Espada Navía, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Georgina Amusquivar Moller, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, Brigida Celia Vargas Barañado, Carlos Alberto Calderón Medrano, Karem Lorena Gallardo Sejas y Petronilo Flores Condori, quienes fueron por el entonces presidente Evo Morales, con los 2/3 que el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Acusó al gobierno de Luis Arce de subordinar a los magistrados del Órgano Judicial para implementar una sañuda persecución judicial, un sicariato judicial, a cambio de impunidad. En criterio del Conade, el TCP no actuó solo sino “que es parte de una estrategia política judicial que cuenta con la colaboración del gobierno de Luis Arce y de varios miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (diputados y senadores), estrategia que debe ser derrotada con la movilización democrática en las calles”