Después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declarara inconstitucionales algunos artículos del proyecto de Ley 144 de Elecciones Judiciales, las tres bancadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tienen ahora la obligación de hallar consenso político logrando los dos tercios de votos necesarios para aprobar la norma que viabilice estos comicios, según lo establecido por la Constitución Política del Estado (CPE).

El artículo 158, parágrafo 5, de la CPE establece como una de las atribuciones de la ALP la preselección de los postulantes para la conformación del TCP, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM) con una ley aprobada por dos tercios.

El proceso para iniciar el trámite de las judiciales está en manos de las tres bancadas de la ALP, que, después de lo establecido por la Declaración Constitucional 0049/2023 del TCP, tienen ahora la obligación de hallar consenso político.

LOS PASOS

Una vez que el miércoles se emitió dicha declaración constitucional en Sucre, le corresponde a la Cámara de Diputados retomar el proceso de aprobación de esta norma haciendo las modificaciones a los artículos que el TCP declaró inconstitucionales, según explicó a CORREO DEL SUR la senadora y exmagistrada de esa institución, Silvia Salame (CC).

En el momento en que el proyecto de ley se encontraba a consideración de la Cámara Baja, tras la remisión del Senado, el presidente del TSJ, Ricardo Torres, planteó la consulta previa de constitucionalidad al TCP, lo que paralizó el trámite por más de dos meses.

Salame explicó que ahora corresponde que Diputados, a través de la Comisión de Constitución, analice la declaración del TCP y haga las modificaciones dispuestas por el Constitucional, que declaró inconstitucionales algunos artículos del proyecto.

Esas modificaciones deben ser aprobadas en el pleno de Diputados –algo que podría ocurrir esta semana– y, después, el proyecto ser remitido nuevamente al Senado para su aprobación y posterior promulgación, por parte del Presidente del Estado, en caso de no haber modificaciones. En criterio de la legisladora, podría ser aprobado hasta la próxima semana.

Solo si el Senado no aceptara las modificaciones que hizo Diputados al proyecto de ley, esta consideración pasa al Pleno de la Asamblea Legislativa para su debate y aprobación.

La senadora confía en que la Cámara Alta no rechazará las modificaciones de la Cámara Baja, porque estos cambios emergen de una declaración constitucional y tiene que aprobarla y remitirla al Presidente del Estado para su respectiva promulgación.

Una vez promulgada por el Presidente, la norma vuelve a la Asamblea, que debe comenzar el proceso de preselección de postulantes dentro de los plazos establecidos por la ley.

Esa lista de postulantes pasa a manos del Órgano Electoral y este, a su vez, solicita a la ALP la aprobación de una ley de convocatoria a elecciones judiciales, que debe ser aprobada por dos tercios de votos. Con esa norma se regirían las actividades electorales.

JUICIO A MAGISTRADOS

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con votos de CC, Creemos y el ala “evista” del MAS, impulsar un juicio de responsabilidades a los magistrados del TCP que emitieron un fallo que prorroga su mandato, según informó a Correo del Sur Digital el senador de CC Santiago Ticona.

Determinaron la conformación de una comisión técnica jurídica para analizar el eventual proceso y modificar la ley de juicio de responsabilidades.

Ticona precisó que parlamentarios del ala “arcista” mostraron su disconformidad, pero no se opusieron.

ACUSACIONES

En medio de las reacciones por el fallo del TCP, desde Creemos denuncian que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aceptó la prórroga y negó un acuerdo para iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados que emitieron este fallo.

“No tuvieron los pantalones para decir: sí hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidad entre las tres fuerzas políticas que estábamos sentados”, reclamó el diputado de Creemos Henry Montero, al final de la reunión entre autoridades del Legislativo y jefes de bancadas a convocatoria del vicepresidente David Choquehuanca, realizado el martes.

Montero cuestionó que los representantes del MAS no pudieron demostrar bajo la Constitución Política del Estado que la tuición de ese tribunal era de emitir una declaración de “autoprórroga”.

El diputado del MAS Juan José Jáuregui respondió a su colega de Creemos y señaló que la posibilidad de plantear un juicio de responsabilidades no requiere de consenso político, sino –explicó– puede ser activado de forma individual e incluso puede hacerlo cualquier ciudadano.