La decisión de prorrogar el mandato de los magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura recibió el apoyo de autoridades del Gobierno y los legisladores arcistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) que consideran que la medida está acorde a la Constitución Política del Estado (CPE). Citaron además como antecedente la ampliación del mandato de la expresidenta Jeanine Áñez, legisladores y autoridades subnacionales en 2020-2021.

En tanto, la oposición y los evistas promueven acciones para plantear un juicio de responsabilidades contra de las autoridades del TCP.

Los magistrados debían finalizar su mandato el 31 de diciembre, pero continuarán en sus cargos indefinidamente hasta que se realicen las elecciones judiciales por un fallo emitido el martes por el TCP.

El procurador general del Estado, César Siles Bazán, explicó que, tras revisar y evaluar la declaración constitucional, concluyó que se enmarca en la CPE.

“Esta declaración constitucional se basó en la aplicación de varios principios: funcionalidad o funcionamiento del Estado. Bolivia tiene cuatro órganos del Estado que funcionan simultáneamente, no puede existir un vacío de poder, los cuatro deben seguir funcionando, independientemente del cumplimiento del mandato de las autoridades”, dijo.

Agregó que “un dato adicional es que el TCP basa su fallo en discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aplicar los artículos de la Constitución”.

“Finalmente, el TCP hace mención a una anterior ley a través de la cual el Órgano Legislativo, en este caso, salió en auxilio de otros órganos del Estado prorrogando el mandato tanto legisladores como personeros del Ejecutivo”, afirmó.

De manera coincidente, el ministro de Justicia, IvánLima Magne, durante la presentación del informe de la CIDH, mencionó un periodo de transición que se da en los órganos del Estado en un momento en el que la CPE y la democracia deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés.

“Una sociedad como la boliviana. que es profundamente respetuosa de su CPE, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, sostuvo.

Los asambleístas nacionales arcistas sostienen que son respetuosos de las decisiones de otro órgano del Estado y que lo que resta es poner en ejecución la exhortación del TCP y llevar adelante el proceso de preselección de los candidatos a las altas esferas judiciales.

Defienden al Órgano Judicial

Tras los cuestionamientos por la “autoprórroga” de los magistrados, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, negó que haya “actitudes delincuenciales” de manera corporativa; dijo que pueden existir casos que deben ser denunciados de manera concreta. Torres respondió así a una pregunta periodística respecto a si los magistrados tenían los méritos para continuar en el cargo en un contexto donde se acusa a la Justicia de sometimiento político.

Evistas y oposición crean una comisión para juicio

En la Cámara de Senadores se conformó una comisión técnica para definir un juicio de responsabilidades contra el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, a través de un fallo, definió la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial.

La senadora disidente de la Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame explicó a la ANF que esta comisión tendrá dos componentes: el primero es la reunión de los jefes de bancada de las tres fuerzas partidarias en el Senado, posteriormente se convocará a los expertos para que se trace la ruta de las acciones legales que asumirán.

“Se ha conformado una comisión técnica, y los jefes y subjefes de bancada se están reuniendo con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, para evaluar los efectos jurídicos de la declaración que emitió el TCP. Seguramente en esta reunión se definirá el juicio de responsabilidades, pero eso debe ser evaluado”, dijo la legisladora.

Esta propuesta surgió durante la sesión del pleno de la Cámara de Senadores, donde los diferentes parlamentarios plantearon que se impulse un juicio de responsabilidades contra los magistrados, por el fallo que vulnera la Constitución Política del Estado. Creemos, CC y los “evistas” respaldaron la creación de la comisión.