Puntualizando que, a partir del 3 de enero de 2024, los cargos de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Consejo de la Magistratura deben ser ocupados por autoridades electas por voto del soberano, desde el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), se señaló que es obligación de la ciudadanía y de los órganos del Estado impedir, por todos los medios, la usurpación de cargos en el Órgano Judicial.

Manuel Morales, vocero del ente defensor de la democracia, señaló que el texto constitucional no contempla ninguna posibilidad de que exmagistrados, cuyos mandatos fenecieron, puedan usurpar estos cargos. “Si se diera el acto de usurpación, en los hechos, es obligación de la ciudadanía y de los órganos del Estado impedir, por todos los medios, este acto ilegal”, indicó

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En ese sentido, afirmó que el Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, realiza un atentado contra la Constitución Política del Estado y pretende convertirse en un supra poder, “algo inaceptable en democracia”.

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Morales además sostuvo que el TCP ha decidido realizar un asalto al Órgano Judicial, usurpando cargos que no le corresponden, lo que no debe ser entendido como una prórroga, sino un “verdadero golpe de Estado”.

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La posición del Conade apunta a que origen de esta actitud delictiva nace de la acción de Evo Morales, que aprovechando los 2/3 que el MAS tenía en la Asamblea Legislativa Plurinacional durante su gobierno, los preselecciona. Posteriormente, el gobierno de Arce, subordinó a los Magistrados del Órgano Judicial al Poder Ejecutivo para implementar una sañuda persecución judicial, a cambio de impunidad.

“Estamos frente a un verdadero golpe de Estado que es parte de una estrategia política judicial que cuenta con la colaboración del Gobierno y de varios miembros de la ALP, estrategia que debe ser derrotada con la movilización democrática en las calles”, se señala.