En una polémica y extensa sesión, la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) no logró validar el proyecto de Ley Departamental de Organización del Ejecutivo Departamental, que ajustaba las atribuciones de las autoridades del Ejecutivo, en especial del gobernador Luis Fernando Camacho y del vicegobernador Mario Aguilera, quien dio a conocer algunas observaciones sobre el proyecto en una carta enviada al Legislativo.

Con 13 votos en contra, en su mayoría de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), la abstención de los asambleístas de los pueblos indígenas, y solamente 11 votos a favor de la bancada de Creemos, el proyecto de ley no logró ser aprobado por el legislativo departamental.

Las observaciones que hizo Aguilera, en una carta que fue leída por el asambleísta del MAS Dilfe Rentería, dicen que los artículos 11 y 13 del proyecto no tienen relación con el Estatuto Autonómico Departamental.

“Lamentablemente, uno de los cambios tiene que ver con la descripción de las atribuciones del vicegobernador del departamento, algo que no me fue informado y se me ocultó en reunión de gabinete celebrada el 30 de noviembre del presente año”, dice parte del documento enviado por Aguilera, que ayer se encontraba en el velorio de su madre.

También agregó haber solicitado “de manera oficial” los proyectos de ley a través de la nota CI DVG 2023 339 IMS, pero los mismos no le fueron entregados hasta la fecha “a pesar de lo acordado en Gabinete Departamental”.

Según el proyecto, el gobernador tiene 21 atribuciones entre las cuales está la promulgación de leyes, firma de resoluciones, decretos y otros documentos, en tanto que las atribuciones del vicegobernador quedan en seis, entre las cuales están la coordinación de la relación entre Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa Departamental y la participación en el Gabinete Departamental, pero sin la opción de firmar documentos.

El documento del proyecto de ley también muestra que el despacho del gobernador tiene 21 atribuciones. Algunas de ellas son: promover la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades técnico, administrativas, legales y otros del Órgano Ejecutivo, y promover la creación, modificación o eliminación de impuestos que pertenezcan al dominio exclusivo del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, entre otras.

La sesión de ayer estuvo cargada de polémica, por un lado, la bancada del MAS aseguraba que el proyecto, con los artículos 11 y 13, buscaba quitarle competencias a Aguilera, mientras que el presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, negaba tales aseveraciones.

“No existe una sola competencia que se le quite al vicegobernador (Mario Aguilera). Nunca se quiso hacer y no se lo está haciendo aquí. Puede ser que él haya entendido mal, que le hayan informado mal”, expresó Matkovic.

En tanto, que la asambleísta por Creemos y secretaria general de la ALD, Paola Aguirre, manifestó que el proyecto de ley se trata de una “armonización legislativa”, de manera que lo referido a la suplencia temporal y definitiva respete, en términos idénticos, la interpretación aprobada por la Ley Departamental 293, que responde a la acción de cumplimiento que interpuso el MAS en febrero pasado.

“¿Desde cuándo una bancada opositora defiende a un líder del oficialismo?”, cuestionó Aguirre en una de sus intervenciones.

Finalmente, los asambleístas indígenas observaron la falta de coordinación del Ejecutivo con Aguilera, además indicaron que no recibieron el proyecto de ley a tiempo para analizarlo y así poder votar en contra o a favor del mismo.

Análisis

El abogado y exsecretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, señaló que este proyecto de ley mostró que el actual Gobierno Departamental, en especial la gente de Creemos, no ha tenido la capacidad de solucionar sus problemas internos entre el gobernador Camacho y el vicegobernador Aguilera.

“No puede ser que en dos años y medio de mandato sigan arrastrando un problema que viene desde el inicio. Llevan cinco modificaciones a la Ley de Organización del Ejecutivo Departamental y siempre con el mismo interés, rebajar las atribuciones y responsabilidad del vicegobernador y esto aumenta la fragilidad institucional de la gobernación”, declaró.