Con la decisión que asumió el Tribunal Constitucional Plurinacional incurrió en cuatro acciones que van contra la Carta Magna, según abogados, políticos y constitucionalistas: Cometieron un golpe a la justicia, excedieron su competencia al quitar atribuciones al Legislativo, le pidieron que se pronuncie sobre una ley y aprovechó para autoprorrogarse; y no veló por la supremacía de la CPE, porque incumplió plazos

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, ve que este fallo es un autogolpe que hace el Tribunal Constitucional a la justicia y un fraude constitucional. “Equiparo esta sentencia con la 0084, la de la re reelección”, aseveró.

“Ese escenario que construye este órgano de la justicia, que debiera proteger, ser el guardián de la CPE y las leyes, termina vulnerando la carta magna y cometiendo delitos”.

Complementó que lo paradógico es que el TCP “que decide por la prórroga hasta ahora no resuelve el tema de la re reelección del que depende el futuro político de Evo Morales duerme ahí, pero cuando resulta que tienen que prorrogarse, incumplen plazos, para evitar que hayan elecciones judiciales y se prorrogan en el momento exacto”.

En esa misma línea, el abogado constitucionalista Israel Quino expresó que es un“golpe judicial a la democracia en Bolivia.La Declaración Constitucional 049/2023 que autoprorroga funciones de la cúpula judicial por encima del periodo de funciones es una resolución inconstitucional. Un juez no puede fallar para sí mismo y no existe caso de excepcionalidad”.

El también constitucionalista Gustavo Mendoza Orozco remató que es un golpe porque es una decisión “asumida por autoridades a quienes les queda menos de tres semanas de periodo constitucional en sus funciones, en un escenario de crisis judicial que día a día encuentra niveles aun más profundos”.

Dijo que ante el vacío de poder inminente, el TCP debió exhortar al Organo Legislativo emitir una Ley excepcional para regular el mismo, “por una razón lógica, porque el Legislativo es el organo con mayor legitimidad (mayor representación), recordemos que cuenta con 166 representantes elegidos por la poblaciones, frente a los 9 magistrados elegidos, quienes conforman el Tribunal Constitucional Plurinacional”.

Aquí se introduce el segundo elemento que es, como definió el expresidente de Bolivia y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Velté, que “el TCP excedió su competencia al ‘disponer’ prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley”, publicó en X.

Además, argumentó que “El TCP no veló por la supremacía de la Constitución en control de constitucionalidad al demorar injustificadamente la atención de recursos y consultas, que suspendieron el oportuno ejercicio de la función legislativa. No aseguró vigencia de derechos y garantías fundamentales al coartar el derecho ciudadano de conformar el Órgano Judicial y al restringir la obligación del Estado de asegurar una justicia imparcial para ejercicio de derechos y libertades”.

Rodríguez Veltzé afirmó después: “Tampoco repararon en advertir que sus intereses entraron en conflicto, prohibición prevista por la CPE”. “Sombrío precedente, desconoce la constituyente y debilita la democracia”, cerró su cuestionamiento.

Mendozaclarificó el tercer aspecto. “Ejercía una atribución en el marco del control preventivo, antes de la vigencia de la norma, pero va más allá. Se debió limitar a determinar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de ese proyecto, y lo que hace es prorrogarse”. Y el cuarto, que para ello manipularon los plazos.

El presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Juan Pablo Cervantes, cuestionó que los magistrados se hayan convertido en juez y parte en una declaración Constitucional que les beneficia a ellos mismos con la autoprórroga y anunció un pronunciamiento y no descartó denunciar a los magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Este fallo deja en tela de juicio la imparcialidad, esa declaración adolece de serios errores y han sacado tal cual la sentencia que avala la reelección de Evo Morales”, señaló Cervantes.

En criterio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Marco Antonio Baldivieso, el TCP usurpando las funciones del titular de la soberanía que es el pueblo asume la decisión de prorrogarse el mandato. “El propio guardián y custodio de la Constitución la ha vulnerado, quién podrá defendernos, quién va a defender a Bolivia si el encargado de hacer cumplir la Constitución, la vulnera, la cambia, la modifica para hacer un favor político”, manifestó.