El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB) paralela, Marcelino Flores, amenazó con tomar los tribunales de Justicia desde el 2 de enero si es que no frenan la decisión de “autoprorrogarse”.

“Si el Tribunal (Constitucional Plurinacional) está incitando a trabajar. Desde el 2 de enero nosotros vamos a entrar a una movilización e incluso a una vigilia para no dejar entrar a sus trabajos”, dijo el dirigente campesino.

El martes, el TCP emitió una resolución sobre la consulta de constitucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) referida al proyecto de Ley 144 sobre las judiciales, en la que dispone la inconstitucionalidad por ‘conexitud’ de varios artículos, por ser contrarios a la Constitución Política del Estado.

También dispuso “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.

Lea más: Arcistas dicen que fallo del TCP es de ‘cumplimiento obligatorio’

Flores indicó también que se envió una nota a la Asamblea Legislativa con el pedido de solucionar la prórroga de mandato de los actuales magistrados, esto debido a que desde enero se entraría en un “convulsión social”.

“En estos días tiene que solucionar la Asamblea Legislativa (la prórroga de los magistrados), esperamos que lo haga, caso contrario ellos también llevarían la responsabilidad”, manifestó.

La decisión del TCP de prorrogar el mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial generó una ola de repudio entre los asambleístas del oficialismo y la oposición, quienes catalogaron como “golpe judicial” o “prevaricato”, e incluso adviertan con un juicio de responsabilidades.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, del Movimiento Al Socialismo (MAS), objetó la resolución. “Considero que la aprobación de la declaración constitucional 049/2023 es un golpe judicial a la democracia en Bolivia y una flagrante vulneración de la Constitución”.

Pero también hay asambleístas que señalaron que el fallo del TCP es “de cumplimiento obligatorio”.