El Gobierno avaló ayer la decisión de prorrogar a las actuales autoridades judiciales que tomó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras que otros actores políticos no tienen certeza de que las elecciones realmente se realicen.

El ministro de Justicia, Iván Lima no dio conferencia ni rueda de prensa, como había prometido en anteriores semanas cuando se conociera el tenor de esta Declaración Constitucional 0049/2023, emitida en el marco del control normativo preventivo al Proyecto de Ley 144/22-23, para la realización las Elecciones Judiciales 2023-2024, presentada por el Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, se refirió al tema durante un discurso, ayer en la Cancillería. “Es un momento de transición de los órganos del Estado, en un momento en el que la Constitución y la democracia deben prevalecer sobre cualquier tipo de interés, sobre cualquier afán de destruir la democracia, una sociedad como la boliviana que es profundamente respetuosa de su Constitución, exige que los cuatro órganos del Estado funcionen simultáneamente y permanentemente”, afirmó.

El procurador del Estado, César Siles, quien fue viceministro de Justicia, saludó la decisión del TCP de prorrogar su mandato y dijo que el mismo es constitucional.

“Es un fallo que seguramente no va a gustar a muchos, pero en criterio de la Procuraduría y del procurador del Estado está basado en la Constitución y en las discusiones que hubo en la Asamblea Constituyente al momento de aprobar los artículos en cuestión”, justificó Siles.

El Gobierno había adelantado que no habría ningún ‘decretazo’ para preservar el mandato de los magistrados, esa declaración se cumplió porque no se prorrogarán por decreto sino por un fallo que fue elaborado por el TCP.

El procurador Siles llamó a la Asamblea a retomar de inmediato las negociaciones que permitan la elección de nuevos magistrados porque la Carta Magna, dijo, exige dos requisitos: la preselección por dos tercios de voto de los asambleístas y el voto ciudadano.

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, en una conferencia de prensa, hizo una propuesta, pero manifestó su duda de que haya voluntad política del gobierno y tenga la intención de que las elecciones realmente se realicen.

El expresidente y jefe nacional de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, aseguró que “la justificación de los funcionarios del Gobierno a la autoprórroga ilegal e inconstitucional, evidencia que la decisión de los magistrados del TCP de tomar por asalto el Órgano Judicial desde el 2 de enero de 2024, es un complot armado con Luis Arce y sus funestos operadores que sin ningún rubor violan la Constitución y desprecian todos los principios jurídicos y éticos, para continuar con la persecución política y asegurarse impunidad”.

“Al Gobierno y al TCP le decimos con total claridad, no pueden seguir los magistrados después del 2 de enero sin que sea la Asamblea Legislativa, que representa al pueblo boliviano y a los ciudadanos que eligieron a estos representantes quien decida la forma, el tiempo y la manera en que va a continuar la justicia sin que se decida la fecha de las elecciones como manda la CPE”.

Denunció que “lo que pretenden es un cogobierno entre el presidente Luis Arce, sus ministros, con el TCP. Por eso instamos al vicepresidente David Choquehuanca a que convoque lo más pronto posible a una sesión de Asamblea con los 166 diputados y senadores por tiempo y materia, y resolvamos, de esa forma, esta crisis institucional y democrática que enfrentamos hoy. La salida debe venir del debate de los parlamentarios y no de un fallo del TCP auspiciado por el gobierno del presidente Luis Arce”.

La diputada arcista del MAS, Ninoska Morales, por su parte, apuntó precisamente a Creemos como uno de los culpables de lo sucedido. “Hay que poner en claro que quien detuvo el proceso porque llevó una denuncia y un amparo contra el proyecto de ley para la realización de las elecciones fue precisamente Creemos. Ellos en abril ingresaron una denuncia, y ahí se detuvo el proceso hasta ahora, somos cuestionados”.

Complementó que es necesario hacer un juicio de responsabilidades contra los magistrados del TCP por el fallo, “sino también hay que procesar a estos asambleístas que interrumpieron el proceso”.

Hizo una autocrítica. “La tenemos que hacer, porque como diputados y senadores no hemos tenido la voluntad de dar solución a esta ley y permitimos que el TCP tenga que definir todo”.

En Cochabamba, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, echó toda la culpa al Gobierno, y también puso en duda de que haya real voluntad de realizar las elecciones judiciales.

En una conferencia de prensa señaló que “desde el primer momento el Gobierno intentó esta prórroga. Me acuerdo, en diciembre de 2020, Iván Lima, convocó a diez notables para emprender una reforma judicial que tenía como meta eliminar las elecciones judiciales”.

Eran otros tiempos, los 10 notables estaban listos para una reunión, pero el ministro Lima fue llamado a la Casa Grande del Pueblo. Tras una reunión con el presidente Luis Arce, y precisamente el expresidente Morales, esa iniciativa se desintegró. En ese momento, los llamados abogados independientes, como el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que conformaban ese grupo, son más críticos con el manejo de la justicia desde el PoderEjecutivo.

Ayer, Morales aseguró que el Gobierno lleva adelante un proceso para desinstitucionalizar al Estado Plurinacional, “suspende las elecciones judiciales, y ahora de forma inconstitucional para evitar acefalías, los magistrados se prorrogan. Esto afecta a la democracia”.

Recordó que fue sistemático, el Senado aprobó una ley de convocatoria “y el Lucho la bloqueó en Diputados. Esto demuestra que el responsable de esta situación es el Gobierno”.

El líder del MAS duda que haya voluntad política, y desafió que si la hubiera “se puede hacer la elección en no más de tres a cuatro meses. No entiendo cómo quedaría la administración de justicia mientras tanto, mal podría opinar. Nosotros tenemos la posición de que se realicen las elecciones judiciales. Todos saben que hay una instrucción de que esta no se realice”, disparó.

El constitucionalista Williams Bascopé advirtió que los magistrados se prorrogaron sin fecha.

“La consulta que hizo el TSJ era que verifique la constitucionalidad de dos artículos, y ellos están aprovechando para prorrogarse indefinidamente, no hay una fecha, hasta que se elijan nuevas autoridades judiciales”, dijo.

Recordó que el próximo año, 2024, “tenemos dos actos eleccionarios nacionales, las primarias y el Censo, y las elecciones judiciales sería el tercero. Esta ley de preselección de candidatos, como se trata de un Órgano Judicial debe lograrse con dos tercios, lo dudo”, y expresó que como está escrito el fallo podría posponerse incluso hasta después de las elecciones generales de 2025.

Por su parte, el presidente del Conade, Manuel Morales, expresó que “no hay prórroga legal o ilegal, lo que el TCP está planteando es un golpe judicial y una usurpación de cargos de personas que el 3 de enero debieran ser posesionadas a través de una elección de nunca se realizó. Por lo tanto, no amerita un juicio de responsabilidades sino uno penal y una acción directa”.