Declarada la prórroga de mandato de magistrados y consejeros electos en 2017 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la Asamblea Legislativa enfrenta el dilema de apurar las elecciones judiciales o enjuiciar a los miembros del TCP.

Otra vez las posiciones se encontraron entre la oposición y el oficialismo arcista y evista ahora en torno a la declaración del TCP conocida el martes en una conferencia de prensa en Sucre.

El TCP emitió la Declaración Constitucional 049/2023, con la que dictó la prórroga de mandato de 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y el propio TCP, además de tres miembros del Consejo de la Magistratura a partir del 3 de enero, cuando sea inaugurado, como es habitual, el Año Judicial.

Dichas autoridades deberían terminar su mandato constitucional de seis años a finales de año, pero seguirán en sus funciones mientras haya magistrados y consejeros sustitutos emergentes del voto popular. Fueron electos en diciembre de 2017 y tomaron posesión el 3 de enero de 2018.

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Elecciones

El TCP se pronunció sobre una consulta de control de constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, de convocatoria de comicios, aprobada el 31 agosto en la Cámara de Senadores. La consulta había sido presentada el 20 de septiembre por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez la recibió de la Comisión Mixta de Constitución de la Cámara de Diputados el 7 de septiembre.

Debido a la lenidad del tratamiento de la consulta en el TCP, el viernes, las tres bancadas de la Asamblea Legislativa conminaron a dicho tribunal a emitir su posición en 72 horas, hasta el lunes.

Esa tarde, el ministro de Justicia, Iván Lima, había anunciado que el TCP iba a hacer conocer su decisión al final del día.

En conversatorio con Piedra, Papel y Tinta, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Saúl Lara anunció que la decisión de su alianza sobre la declaración del TCP es propiciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados de dicho tribunal. “Estos caballeros están cometiendo un delito a partir del 1 de enero de 2024; pueden ser susceptibles a una acción penal”, advirtió.

Consideró que el TCP “no tiene las atribuciones y competencias para asumir la decisión que asumió”, que es inconstitucional.

“Quien ejerce funciones que no le competen, asume delitos”, insistió el legislador de CC.

En el mismo foro, el senador Rubén Gutiérrez, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que la prioridad ahora es la discusión legislativa con el objetivo de reencauzar las elecciones judiciales, suspendidas de forma sistemática desde abril.

Dato

A raíz de sendos recursos ante una sala constitucional de Beni, por parte del ciudadano Miguel Ángel Balcázar, y ante el TCP, por parte del diputado de Creemos Leonardo Ayala, las elecciones judiciales no fueron posibles este año y fueron postergadas sin fecha debido a esa situación y la consulta recientemente absuelta.

“¿Quién puede estar contento y aplaudir ese tipo de fallos? Nadie”, dijo Gutiérrez sobre la Declaración 049/2023 del TCP.

EL senador afirmó que esa decisión causa “indignación y preocupación”, aunque cuestionó que se estén “buscando culpables de todo” en el caso de la prórroga.

 Sin embargo, Gutiérrez consideró que “la esencia misma de la democracia tiene que ver con el cumplimiento de las atribuciones”. En suma, planteó la necesidad de acatar la declaración.

Lara expresó sus discrepancias con su colega legislador. No puedo estar de acuerdo, por mandato de la artículo 200 de la Constitución, con la prórroga”, dijo.

“La solución debe pasar por un gran acuerdo político”, propuso.

La Asamblea Legislativa ya estuvo conflictuada con la convocatoria a elecciones debido a las discrepancias partidarias. En su fallo del 31 de julio, sobre el recurso de Ayala, el TCP obligó también a dicho órgano a aprobar todo el proceso electoral con dos tercios de votos, proporción complicada debido a las crisis internas.