Medio: Asuntos Centrales
Fecha de la publicación: miércoles 13 de diciembre de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Las tres fuerzas políticas que conforman la Asamblea Legislativa no llegaron a un acuerdo para impulsar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional tras el fallo que prorrogó sus mandatos hasta que se realicen las Elecciones Judiciales. De acuerdo con el senador Hilarión Mamani, del Movimiento Al Socialismo, desde este miércoles, parlamentarios de las tres fuerzas políticas representadas en la ALP se reunirán -por tiempo y materia- para tratar una ley que llame a elecciones judiciales, informó El Deber.
Por su parte, el senador de Creemos Henry Montero coincidió con Mamani al señalar que la prórroga de los magistrados es inconstitucional.
“No tuvieron los pantalones para decir: ‘Sí, hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidades’, entre las tres fuerzas políticas que estábamos sentadas (…) Dicen que van a consultar a las bases”, criticó Montero.
Añadió que, como oposición, analizarán el juicio de responsabilidades a estas autoridades, y se comprometió a hacer viable la ley que llame a elecciones judiciales.
En tanto, Mamani manifestó que la prórroga de magistrados es un “golpe a la Justicia”, que no permitirán. Anunció acciones penales en contra de los magistrados por prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y un juicio de responsabilidades. “Ellos (los magistrados) han cumplido su gestión de seis años el 31 (de diciembre), el 2 (de enero) ellos deben irse a sus casas tranquilos, porque (con la prórroga) están haciendo un autogolpe, que es inconstitucional”, indicó Mamani.
El senador del MAS negó que llegue a existir un vacío judicial y se refirió al tiempo de pandemia, en el que se suspendieron los plazos procesales por casi un año, “y no se ha caído el cielo”, indicó
Antes de la reunión, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, había anunciado que presentaría un proyecto de ley de excepción de suspensión de plazos procesales y de continuidad jurisdiccional del órgano judicial y el tribunal constitucional plurinacional, como una salida a esta situación.



