Medio: Ahora el Pueblo
Fecha de la publicación: miércoles 13 de diciembre de 2023
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Magistrados del TCP decidieron continuar en sus cargos hasta que se organicen nuevas elecciones judiciales en el país. El hecho recibió una ola de rechazos y críticas de expertos en el tema que califican la acción como una “autoprórroga y golpe judicial a la democracia”.
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Magistrados del TCP decidieron continuar en sus cargos hasta que se organicen nuevas elecciones judiciales en el país. El hecho recibió una ola de rechazos y críticas de expertos en el tema que califican la acción como una “autoprórroga y golpe judicial a la democracia”.
“Se dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del Tribunal Constitucional Plurinacional entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional y producto de la elección que debe ejecutar el Órgano Electoral”, comunicó la resolución asumida el magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Yván Espada.
La decisión asumida por los magistrados se basa en la Declaración Constitucional 049/23, en la que también por unanimidad declaran la “inconstitucionalidad el artículo 2 del proyecto de Ley 144 Transitoria de Elecciones Judiciales aprobado en el Senado, que establecía que los subalternos se hagan cargo de la transición”.
En tanto, exhortan a la Asamblea Legislativa a convocar a una preselección de candidatos de manera inmediata.
Rechazo
La decisión recibió una ola de rechazos desde expertos en el tema hasta legisladores de oposición y del oficialismo.
“El TCP excedió su competencia al disponer prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución, que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley”, escribió en su cuenta X el constitucionalista y expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé respecto a la prórroga de los magistrados.
Diputados de Creemos anunciaron un juicio de responsabilidades porque consideran que los magistrados vulneran la CPE y califican el hecho como un “golpe judicial a la democracia”.
Por su lado, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, reconoció que el Legislativo tiene la responsabilidad, pero dijo que hubo procesos y recursos que trabaron la preselección.
Aseguró que ahora allanarán el camino para encaminar las elecciones judiciales.
Inconstitucional
El abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez calificó la prórroga de los magistrados de “inconstitucional”.
“Si revisamos en los 410 artículos de la Constitución Política del Estado, en ninguno dice que ellos tienen facultades y competencias para prorrogarse”, cuestionó.
Para el experto, los miembros del TCP debieron “despojarse de sus intereses personales y tomar una decisión con base en principios constitucionales y sugerir al Órgano Legislativo emitir una ley, pero bajo estos principios”.
CPE
De acuerdo al artículo 183 de la CPE, las “Magistradas y los Magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años”, por tanto cesan el 31 de diciembre de 2023, y el 2 de enero de 2024 deben ser posesionadas nuevas autoridades.
La preselección de candidatos es potestad de la ALP
El artículo 158, numeral 5 de la Constitución Política del Estado (CPE), manifiesta que son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
El artículo 76, parágrafo I de la Ley de Régimen Electoral, señala que la Asamblea Legislativa emitirá la convocatoria para el proceso de postulación y preselección de postulantes al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
El parágrafo II indica que el Tribunal Supremo Electoral, veinticinco (25) días después de la convocatoria emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, emitirá la convocatoria al proceso electoral y publicará el calendario fijando fecha para su realización. Por tanto, es responsabilidad absoluta la preselección de candidatos a magistrados.
El Gobierno garantizó Bs 183 millones para las elecciones
El Gobierno nacional garantizó el desembolso de Bs 183 millones para los comicios judiciales, que debían desarrollarse el último mes de este año.
El presupuesto fue demandado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la organización y realización de las elecciones judiciales.
Sin embargo, debido a los recursos presentados en primera instancia por un ciudadano, luego por la opositora Creemos al TCP, el proceso de preselección de candidatos fue paralizado en la Asamblea Legislativa. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de Ley Judicial 144/2022-2023 con el objetivo de viabilizar los comicios, pero cuando llegó a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados fue elevado a consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional para no dar un paso en falso e ingresar en el terreno de la ilegalidad.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dejo en claro que la responsabilidad es de la Asamblea porque no cumplió con su deber, en una anterior entrevista con las RPO.
