La Constitución boliviana está llena de innovaciones y buenas intenciones, impracticables casi todas porque fueron redactadas precisamente para que luzcan inéditas en la ley de leyes de Bolivia y muestren la emergencia de un nuevo Estado, ante las ruinas de la vieja República. Sin embargo, los novedosos preceptos han sido vulnerados repetidamente por sus hacedores o sencillamente fueron incumplidos en los dos gobiernos del MAS.

Entre otras varias cosas, se incorporó el ama suwa, ama llulla y ama qhilla como principios del nuevo contrato social y político en el país; se aprobó la reelección presidencial como opción para dar continuidad a una primera buena gestión gubernamental; se innovó la elección por voto popular de los magistrados de las altas cortes judiciales, el cherry sobre la torta de la transformación del sistema de justicia en todos los estamentos; se impulsó el ejercicio de la democracia directa con la posibilidad de que la gente pueda revocar el mandato de autoridades que no hayan cumplido sus responsabilidades ni sus promesas electorales.

Sobre esto último, a casi 15 años de vigencia de la Constitución, me da la impresión de que el constituyente pensó más en los obstáculos que había que colocar para hacer inviable el acortamiento de mandato de tal o cual autoridad, sobre todo de los mandatarios, dado el antecedente del único referéndum revocatorio que se dio en la historia democrática del país, en agosto de 2008, mediante una ley específica, cuando Evo Morales y Álvaro García Linera agarraron el guante, se sometieron al veredicto del soberano y no sólo que fueron ratificados en sus cargos, sino que despacharon de los suyos a los entonces prefectos de La Paz y Cochabamba.

Uno de los juristas independientes dudó de los porcentajes que se necesitan para buscar referéndums de revocatoria de mandato (25% de padrón respectivo para autoridades nacionales y departamentales, y 30% para municipales), cuando escribí otro artículo de opinión sobre esta misma temática (¿Apostamos?, 1-11-2023, Datápolis.bo), tal vez porque pensaba que reunir 1.500.000 firmas y huellas dactilares que representan el 15% del padrón nacional, buscando un referéndum judicial, ya era una tarea colosal parar ser conseguida en 90 días.

Quien no parece haberse percatado de semejante desafío es el politólogo cochabambino Milton Mamani Canaza, que inició el proceso contra Arce y Choquehuanca en junio de este año. Tras cumplirse la mitad de su mandato constitucional de cinco años (el 8 de mayo de 2023), recibió la autorización del opaco TSE en julio y el 8 de agosto fue notificado con el inicio del plazo de 90 días para reunir 1.700.000 firmas y huellas dactilares, misión imposible para un ciudadano que aparentemente no tiene ningún sector social o político que lo respalde.

Lo único que consiguió Mamani Canaza, y no es poco, es que el intento del revocatorio sea archivado por el TSE y, lo más importante, cerró el paso a cualquier nueva pretensión porque, según la norma, sólo se puede solicitar por una sola vez el inicio del proceso de acortamiento de mandato de autoridades elegidas por voto popular, tras el cumplimiento de la mitad del mandato constitucional a nivel nacional, departamental y municipal.

Los que también están abandonando la idea de revocar a una autoridad elegida no hace mucho en El Alto son los promotores del proceso contra Eva Copa. Los impulsores no solicitaron el formato de los libros de adhesión ni pidieron la capacitación para el llenado de libros y el registro biométrico de ciudadanos. En El Alto se requiere reunir un poco más de 211.000 firmas para buscar un referéndum que ponga a Copa nuevamente bajo el escrutinio de la gente.

Hay otras solicitudes en el país dirigidas sobre todo contra autoridades municipales de áreas rurales que tal vez pueden llegar a la meta en cuanto a la recolección de las cantidades de firmas necesarias, a fin de la puerta de los referéndums revocatorios. pero deben saber que tendrán que enfrentar otro obstáculo: la aprobación de una ley de convocatoria por parte de la Asamblea Legislativa, es decir caer en manos de los políticos y sus intereses coyunturales.

En Bolivia cambia todo y no cambia nada. Ninguna autoridad gubernamental respeta ni practica el ama suwa, ama llulla y ama qhilla de la Constitución; Evo Morales buscó quedarse en el poder hasta morir con la reelección presidencial indefinida; el Tribunal Constitucional acaba de pasarse por el forro lo que manda la Carta Magna y dispuso el “prorrogazo” indefinido de los actuales magistrados.

Lo que debería haber sido un poderoso mecanismo democrático de revalorización de los electores frente a las autoridades elegidas con sus votos, va camino a convertirse en una inofensiva brisa que no agita nada. Al contrario, el revocatorio aparece como la forma en que alcaldes, gobernadores y mandatarios pueden victimizarse y luego quedar atornillados en sus cargos que, en mucho casos, ejercen inmerecidamente.