Las bancadas opositoras, el evismo y diversos líderes de opinión repudiaron la autoprórroga de mandato de los magistrados de las altas cortes del país, calificaron la declaración de ampliación como un “golpe” o un “quiebre constitucional”, y anunciaron el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional que emitieron la resolución.

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del ala evista, indicó que la declaración constitucional “es un golpe judicial a la democracia en Bolivia y una flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado”.

Agregó que “esta declaración de autoprórroga es totalmente  inconstitucional” porque “quienes deberían ser los guardianes del cumplimiento y mandato de la Constitución Política del Estado, hoy la vulneran o pretenden beneficiarse con sus propios fallos”.

Por tanto, dijo que “los magistrados que firmaron esta declaración constitucional deberán ser responsables penalmente sobre aquellos actos y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado”.

En la misma línea, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, que además es exmagistrada del Tribunal Constitucional, anunció el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de los magistrados porque tomaron las atribuciones legislativas para prorrogarse en el cargo.

“Nosotros tenemos que tomar la decisión de iniciar un juicio de responsabilidades en razón a que ellos estarían modificando la Constitución, estarían afectando al artículo 411 de la Constitución, que prevé que es la Asamblea Legislativa la que puede hacer la modificación parcial de la Constitución”, dijo Salame cuando todavía no había sido informada oficialmente de la decisión, sino que conoció la versión por boca de los periodistas.

“Ellos estarían arrogándose una competencia que no tienen y estarían modificando la estructura del Estado, porque prácticamente ellos estarían autoeligiéndose”, dijo.

La mañana de este martes, el magistrado Iván Espada, en conferencia de prensa, informó que el TCP determinó la continuidad de las altas autoridades judiciales hasta las nuevas elecciones. Además, declaró la inconstitucional del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales que previamente fue aprobado en el Senado.

«Se dispone la continuidad o prórroga de mandato de las actuales autoridades tanto del Órgano Judicial como del TCP entre tanto no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales, producto de la preselección, que es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y producto de la elección que tiene que organizar y ejecutar el Órgano Electoral Plurinacional», sostuvo.

La Asamblea, que es la institución calificada para seleccionar candidatos a las elecciones judiciales, no pudo avanzar en el proceso, en parte, porque el TCP le puso una serie de trabas, entre ellas, la exigencia de conseguir dos tercios de votos para todo el proceso y, finalmente, declaró inconstitucionales los proyectos redactados por los asambleístas.

Los actuales magistrados del TCP, del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental  y del Consejo de la Magistratura, concluyen sus mandatos este 31 de diciembre, según la Constitución.

El abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, calificó la declaración como un “quiebre constitucional” y agregó en su cuenta X que “desde este momento tenemos magistrados inconstitucionales. Eso, sin duda, tendrá un impacto significativo en los derechos humanos”.

El periodista Andrés Gómez escribió que los miembros del TCP “se autoprorrogan violando la Constitución”. Agregó que “los supuestos guardianes de la Constitución violaron la Constitución. Ahora son jueces inconstitucionales, ergo, no tenemos por qué acatar sus resoluciones”.

La abogada Gabriela Ichaso, comentó que “por si quedaba alguna duda, queda certificada la ausencia de estado de derecho en Bolivia” porque “la Constitución se interpreta según la conveniencia de los que están de salida”.

El analista Antonio Saravia, que hace poco anunció su ingreso a la política, calificó el hecho como una vergüenza. “Todo lo que estos señores firmen a partir de hoy será considerado nulo y lloverán demandas de inconstitucionalidad”.

El diputado de CC, Enrique Urquidi, escribió en X que lo sucedido es “un golpe a la democracia” porque “el gobierno de Luis Arce, en complicidad con los serviles magistrados del TCP, son autores del más vergonzoso y asqueroso atropello a la CPE y la institucionalidad democrática”.