El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha sorprendido al país con la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 en la que “dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado”.

De todas las instituciones que rigen la vida democrática, sin duda, el sistema judicial es y será el eslabón más débil y peligroso, y sobran las razones para tener esa sensación: desde la corrupción de jueces o funcionarios hasta fallos polémicos y vergonzosos que se tejieron entre gallos y medianoche en los más altos tribunales.

En los últimos meses, al Órgano Legislativo le correspondía  proceder a la preselección de postulantes a los altos cargos judiciales, tarea en la que eran fundamentales dos condiciones: consenso político y un mínimo de responsabilidad histórica para garantizar la institucionalidad democrática; pero no, no existió ese mínimo de compromiso y la elección de autoridades judiciales naufragó en los pasillos de la Asamblea Legislativa.

En medio del conflicto, varios jueces y magistrados jugaron sus propias cartas e interpusieron acciones de inconstitucionalidad para obstaculizar aún más el turbio proceso político/judicial. Sorprendentemente, todos los actores políticos se sentaron a esperar que se produzca el colapso del 31 de diciembre, fecha en la que vence el mandato de los actuales magistrados, plazo improrrogable que no puede ser sometido a ningún tipo de interpretación.

Sin embargo, los magistrados han decidido prorrogar la permanencia en sus cargos, desconociendo el límite temporal de sus funciones con el argumento de que no se puede permitir un vacío en la administración de justicia. Es más, aclaran que seguirán en funciones hasta que se elijan nuevas autoridades, proceso que podría tomar tres, cuatro, seis meses o más.

Un viejo adagio de la doctrina jurídica enseña que viola la ley toda autoridad que legisla en función de sus propios intereses y, claramente, esa es la conducta de las autoridades judiciales que han decidido firmar una de las páginas más oscuras de la historia de la justicia en Bolivia. Pero no es el único hecho de triste memoria, pues fue este mismo Tribunal el que dio luz verde a la repostulación de Evo Morales para las elecciones de 2019 con la tesis del derecho humano a la reelección que  posteriormente fue refutada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reacción a la decisión de los magistrados ha sido inmediata. Oficialistas y opositores han anunciado un juicio de responsabilidades e incluso han mencionado los términos de “golpe judicial al Estado de Derecho”. Si existiese sinceridad en las palabras de los políticos, habría que pensar que las autoridades ahora auto prorrogadas están más cerca del banquillo de los acusados que de sus propios despachos, aunque el desenlace de esta historia todavía es muy incierto.

Da a pensar que los cuestionados magistrados han planificado muy bien su jugada puesto  que se pronunciaron pocos días antes de que la Asamblea Legislativa entre en receso de fin de año y así queda prácticamente bloqueada toda reacción inmediata.

Algunos opositores, algo perspicaces sospechan que en esta jugada, una vez más, el mayor beneficiado es el partido en función de Gobierno puesto que sobran ejemplos del sometimiento del Poder Judicial al régimen de turno. Si esta hipótesis se confirma, definitivamente Bolivia habrá dado un sutil salto al autoritarismo en el que el TCP se habrá puesto por encima de la Constitución y de los otros poderes del Estado  boliviano. Quizás es el escenario más peligroso de los últimos años.